ARTÍCULO Nº 103
(CVE: BOME-A-2025-103)
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BOME Nº 6253 - martes, 18 de febrero de 2025 Ir al BOMECIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO, INNOVACION TECNOLÓGICA, TURISMO Y DE FOMENTO - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO, INNOVACION TECNOLÓGICA, TURISMO Y DE FOMENTO
Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla, de fecha 10 de febrero de 2025, relativo a propuesta aprobación inicial del estudio de viabilidad relativo a la concesión de obra para construcción y explotación de una Residencia de Estudiantes en Melilla.
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La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión
resolutiva Ordinaria celebrada el 10 de febrero de 2025, ha procedido a la
aprobación de la propuesta de Consejería de Economía, Comercio, Innovación
Tecnológica, Turismo y de Fomento, adoptando el siguiente acuerdo:
“
PROPUESTA APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD RELATIVO A LA CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE UNA RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES EN MELILLA (181/2024/CMA)
I.- ANTECEDENTES. -
- Por el Consejero de
Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y de Fomento, al amparo del
expediente 1243/2024/CME, se aprobó con fecha 30/05/2024 el gasto para la
contratación de una Asistencia Técnica para redacción del Estudio de Viabilidad
del art. 247 de la Ley 9/2017, relativo a la construcción y explotación de una
Residencia de Estudiantes en Melilla.
- Realizado el referido
Estudio de Viabilidad, con fecha 12/11/2024 por el Consejero se acuerda
continuar el expediente con la inclusión de los informes que fuesen
preceptivos.
-
El expediente se ha completado con una Memoria Técnica de la Dirección
General de Vivienda, Patrimonio y Urbanismo, con el Informe de Intervención y
con el informe jurídico de la Secretaria Técnica de la Consejería.
II.-
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. -
El artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público impone que no se celebren otros contratos que aquellos que sean
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A
tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto,
restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar
el procedimiento encaminado a su adjudicación.
El objeto del expediente y del futuro contrato de concesión de obra, es
la construcción de una residencia de estudiantes, y su explotación durante 40
años.
Respecto a la necesidad del contrato, se reitera lo ya afirmado respecto
a la ampliación de titulaciones universitarias en Melilla y el futuro déficit
de plazas en residencias universitarias para estudiantes desplazados, según
consta tanto en el Estudio de Viabilidad propiamente dicho como en la Memoria
Técnica de la Dirección General.
A los efectos de lo dispuesto en el art. 99 de la LCSP, se hace constar
que el expediente se referirá a la totalidad del objeto del contrato (Redacción
del Proyecto, Construcción y explotación), sin que exista fraccionamiento.
Adicionalmente se estima que no procede dividir en lotes el contrato, conforme
a lo indicado en el art. 99.3 de la LCSP.
III.- MODELOS DE GESTIÓN. -
En el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), se establece que los servicios
públicos de competencia local podrán gestionarse de forma directa e indirecta.
Como formas directas de gestión se incluye tanto la gestión por la propia
Entidad local, a través de sus servicios administrativos carentes de gestión
diferenciada, como a través de organismos autónomos locales, entidades públicas
empresariales locales y sociedades mercantiles locales cuyo capital social sea
íntegramente de titularidad pública. En cuanto a la gestión indirecta, que es
la que se analizará en este informe, tiene lugar mediante un contrato público
regulado por la legislación sectorial.
Advierte la LBRL (art. 85.2) que los servicios públicos de competencia
local siempre habrán de gestionarse de la forma más “sostenible y eficiente”,
de entre las expuestas.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, tiene como objetivos garantizar la sostenibilidad
financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en
la estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con
la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.
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con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la LO 2/2012, de 27 de abril, ya
citada: “2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la
eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán
políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector
público”.
Este tipo de gestión indirecta se produce cuando se asume por una
persona física o jurídica diferente a la entidad pública, la gestión de la
prestación, atendiendo para ello a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). En estos casos en los que la
entidad pública continúa siendo la titular, deberá fiscalizar la actuación del
gestor y ejercitar todas las potestades inherentes a dicha condición conforme a
la Ley.
IV.- CALIFICACIÓN DEL CONTRATO. -
El contrato de concesión de obras se configura como un contrato
administrativo típico (LCSP, art. 14.1), al que, además de la LCSP, le son de
aplicación sus disposiciones de desarrollo y la legislación sectorial
específica. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho
Administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho Privado (LCSP art. 25).
El contrato de concesión de obras encuentra su causa en la necesidad de
financiar las obras públicas de acuerdo con los criterios de convergencia
impuestos por la Unión Europea, así como en la necesidad de realizar
infraestructuras sin inflación ni incremento de gasto público junto con la
transferencia del riesgo operacional. Ello supone que sea necesario acudir a
los operadores propios del sector privado para su prestación.
En este caso, se dan, tal y como se señala en la Resolución nº 93/2017
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales las notas
definitorias del contrato de concesión de obra: tiene por objeto la ejecución
de una obra susceptible de ser explotada, y se remunera el contrato con el
derecho a explotar las instalaciones respectivas.
La obra que constituye el objeto de este expediente es una residencia
para estudiantes, que por su naturaleza y configuración es susceptible de
explotación económica.
Nos encontramos por tanto ante la realización de unas obras que cumplen
con el requisito de que son susceptibles de explotación económica en su
totalidad por lo que la retribución del contratista por la realización de las
obras se instrumentará mediante su explotación.
V.- CANON DE LA CONCESIÓN. -
Conforme a lo indicado en el estudio de Viabilidad, para un plazo de
explotación de 38 años de la residencia se prevé que el concesionario pueda
recuperar las inversiones realizadas durante los dos primeros años de
construcción y las requeridas posteriormente, así como obtener una rentabilidad
sobre el capital invertido del 5,25%, que es la tasa que se le debe exigir al
proyecto de inversión según la Ley de Contratos del Sector Público.
Por ello, no se exigirá obligatoriamente ningún canon por la concesión
de obra, pudiendo ser este aspecto del expediente objeto de valoración en los
Pliegos correspondientes a la Adjudicación de la concesión. VI.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR. -
El contrato de Concesión de Obras está definido, como se ha dicho, en el
art. 14 de la LCSP, desarrollándose el mismo en el Capítulo II del Título II
del Libro Segundo de la LCSP, artículos 247 a 283.
Asimismo, también serán de aplicación, en lo que no contradiga la Ley,
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
RD 1098/2001, de 12 de octubre (art. 183, principalmente).
Dispone el art. 247.1 de la LCSP que con carácter previo a la decisión
de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que
corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un
estudio de viabilidad de las mismas.
Este estudio ha sido realizado por la Universidad de Granada, a través
de la OTRI y encargado a la profesora Da. María de los Ángeles Baeza Muñoz. En
dicho estudio se contienen los datos, análisis, informes y estudios que se han
considerado procedentes en esta fase del expediente.
Una vez validado dicho Estudio, continúa diciendo el art. 247.3 de la
LCSP, la Administración deberá someterlo a información pública por el plazo de
Un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y
dará traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General
del Estado, las CCAA y Entidades Locales afectados cuando la obra no figure en
el correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo
de un mes.
En esta fase del expediente la Administración tiene la opción de
elaborar un anteproyecto de la obra. Si no se opta por elaborarlo y la decisión
es que el proyecto se presente por el concesionario, previa definición de las
mismas por la Administración, el procedimiento tiene una variación.
Dispone el art. 249.3 de la LCSP que cuando no exista anteproyecto, la
Administración concedente someterá el proyecto, antes de su aprobación
definitiva, a la tramitación establecida en los apartados 3 y 4 del artículo
248. Es decir, que el proyecto elaborado por el contratista concesionario se
deberá someter a información pública por el plazo de un mes, prorrogable por
idéntico plazo en razón de su complejidad, para que puedan formularse cuantas
observaciones se consideren oportunas sobre la ubicación y características de
las obras, así como cualquier otra circunstancia referente a su declaración de
utilidad pública, y dará traslado de este para informe a los órganos de la
Administración General del Estado, las CCAA y Entidades Locales afectados.
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reconocimiento concreto de la utilidad pública de esta, a los efectos
previstos en la legislación de expropiación forzosa.
Debe tenerse en cuenta, igualmente, lo dispuesto en la DA tercera, punto
5, de la LCSP, que dice: “5. En los contratos de concesión de obras y de
servicios, el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la
medida que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, con el contenido reglamentariamente
determinado, se tramitará conjuntamente con el estudio de viabilidad regulado
en esta Ley.”
Conforme a lo dispuesto en el art. 96 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (RD Legislativo
781/1986) la iniciativa de las Entidades Locales para el ejercicio de
actividades económicas, cuando lo sea en régimen de libre concurrencia, podrá
recaer sobre cualquier tipo de actividad que sea de utilidad pública y se
preste dentro del término municipal y en beneficio de sus habitantes.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los
informes aportados al expediente se PROPONE
al Pleno de la Asamblea, previo Dictamen de la Comisión Permanente de Economía,
Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, la adopción del siguiente ACUERDO:
UNO.- Aprobar Inicialmente el Estudio de
Viabilidad para construcción y explotación en régimen de concesión de una
residencia de estudiantes en Melilla, que se compone del Estudio de Viabilidad
propiamente dicho, elaborado por la Universidad de Granada, y de la Memoria
Técnica elaborada por la Dirección General de Vivienda, Patrimonio y Urbanismo.
DOS.- Someter a información pública, por el Plazo
de UN MES, el Estudio de Viabilidad (incluyendo la Memoria Técnica), con el fin
de que los interesados puedan acceder al mismo y presentar las alegaciones o
reclamaciones que convengan a sus intereses.
TRES.- Publicar el anuncio correspondiente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en la Sede Electrónica de la CAM.
”
Se somete a información pública, por el plazo
de UN MES, el presente Estudio de
Viabilidad (incluyendo la Memoria Técnica), con el fin de que los interesados
puedan acceder al mismo y presentar las alegaciones o reclamaciones que
convengan a sus intereses
Documento anexo:
Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos oportunos.
Melilla, a 15 de febrero de 2025,
La Secretaria Técnica de Fomento,
Francisca Torres Belmonte