ARTÍCULO Nº 121
(CVE: BOME-A-2025-121)
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BOME Nº 6254 - viernes, 21 de febrero de 2025 Ir al BOMECIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E IGUALDAD - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E IGUALDAD
Acuerdo del consejo de gobierno, de fecha 7 de febrero de 2025, relativo a modificación del Decreto de distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad de Melilla 20232027, publicado en el BOME Extraordinario nº 54 de 31 de julio de 2023.
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El Consejo de Gobierno, en sesión resolutiva
Ordinaria celebrada el 7 de febrero de 2025, ha procedido a la aprobación de la
propuesta de Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad,
adoptando el siguiente acuerdo registrado al número 2025000046:
“
I.
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
PRIMERO.
– En BOME Extra Núm. 54, de 31 de julio de 2023 fue
publicado el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 28 de julio de 2023,
relativo al Decreto de distribución de competencias entre las Consejerías de la
Ciudad, en el que le atribuye a la Dirección General de Seguridad Ciudadana,
entre otras, las siguientes competencias:
-
4.2.3.1. d)
Ordenar, respecto al personal adscrito a la Consejería, la iniciación de los expedientes disciplinarios, disponer la
realización de informaciones previas si procedieren, nombramiento de instructor
y, en su caso, secretario, adoptar medidas de carácter provisional que aseguren
la resolución final que pudiera recaer, apercibir y suspender preventivamente
al personal, y resolver los expedientes disciplinarios ejerciendo la potestad
disciplinaria, a excepción de la separación del servicio de los funcionarios y
el despido del personal laboral fijo, que será competencia del Consejo de
Gobierno.
-
4.2.3.5.b)
La planificación, desarrollo y ejecución de los cursos selectivos de formación básica de los funcionarios en
prácticas de Policía Local y Bomberos.
- Respecto
a las atribuciones de la Dirección General de Función Pública, le atribuye en
su punto 7.2.7, entre otras, las siguientes competencias:
-
c)
La imposición de sanciones por faltas graves o leves a los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional que presten sus
servicios en la Ciudad en los puestos reservados de conformidad con el art. 3.7
del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad.
-
d)
Propuesta de sanción que conlleva la separación del servicio de los
funcionarios y propuesta para la ratificación del despido del personal laboral
fijo, que resolverá el Consejo de Gobierno.
-
j)
Ordenar, salvo para el personal adscrito a la
Consejería de Seguridad Ciudadana, la
iniciación de los expedientes disciplinarios, disponer la realización de
informaciones previas si procedieren, nombramiento de instructor y, en su caso,
secretario, adoptar medidas de carácter provisional que aseguren la resolución
final que pudiera recaer, apercibir y suspender preventivamente al personal de
la Ciudad, y resolver los expedientes disciplinarios ejerciendo la potestad
disciplinaria, a excepción de la separación del servicio de los funcionarios y
el despido del personal laboral fijo, que será competencia del Consejo de
Gobierno.
-
h)
Resolver convocatorias derivadas de la Oferta anual de empleo público, incluida
la resolución sobre admisión o exclusión de aspirantes, nombramiento de la
composición de los Tribunales Calificadores y nombrar funcionarios de carrera a
los que superen los correspondientes procesos selectivos a propuesta del
Tribunal.
-
w)
Defensa de los intereses de la Ciudad en los procedimientos judiciales ante la
jurisdicción social.
SEGUNDO.
- Con posterioridad, el meritado Decreto fue objeto
de distintas modificaciones, como son;
-
Modificación del Decreto de distribución de
competencias entre la Consejería de Hacienda y Seguridad Ciudadana, de fecha 1
de marzo de 2024.
-
Modificación del Decreto de distribución de
competencia entre las Consejerías de la ciudad, de fecha 17 de abril de 2024,
en la cual, en particular, se suprime en
materia de Administración pública la competencia del apartado 7.2.5 t) relativa a “Certificados de fe de vida” y
se incluye un nuevo apartado: -
7.2.5 t) la competencia de “Sistema de quejas
y Sugerencias”.
- Modificación
del Decreto de distribución de competencia entre las Consejerías de la Ciudad,
de fecha 18 de septiembre de 2024.
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TERCERO.
– Con fecha de 16 de abril de 2024 se publicó en BOME
Extraordinario N.º 23, Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 8 de abril de
2024, relativo a la modificación de la relación de puestos de trabajo de
Presidencia, con la que se crea el puesto de Asesor/a Jurídico Socio-Laboral,
en cuyo punto 3.2.B) del Acuerdo establece:
“Asesor jurídico Social-Laboral: Junto a
los Letrados, los graduados sociales ejercen una profesión regulada como
asesores jurídicos en materia socio-laboral, expertos en relaciones laborales y
recursos humanos. Junto a abogados y procuradores, los graduados sociales
pueden intervenir ante los órganos judiciales de la jurisdicción social. En
este sentido, el artículo 545.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece
que: "en los procedimientos laborales y de Seguridad Social la
representación técnica podrá ser ostentada por un graduado social colegiado, al
que serán de aplicación las obligaciones inherentes a su función, de acuerdo
con lo dispuesto en su ordenamiento jurídico profesional" por ello, la denominación del puestos de nueva creación e integrado en los Servicios
Jurídicos es el de Asesor Jurídico
Social-Laboral. Respecto a sus funciones,
serán las mismas que las encomendadas a los
puestos de Asesores Jurídicos (Letrados de la CAM) sin perjuicio de la
colaboración, auxilio y asesoramiento en materias sociolaborales a la
Consejería con competencias en Administración Pública.”
CUARTO.
- Con fecha de 28 de noviembre de 2024 se emite
informe jurídico por la Secretaría Técnica de AAPP, asociado al expediente de
la Dirección General de Administración Pública con número 30679/2023 relativo a
la modificación del Decreto de Distribución de competencias, en base a la
propuesta que contaba en ese expediente, el cual concluía lo siguiente:
De
acuerdo con los antecedentes y fundamento se informa en el siguiente sentido:
1º.-
Que la finalidad del informe-propuesta que consta en el expediente, es la de
atribuirle a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad en
materia de Administración Pública, lo relativo a “Declaración de Responsable en
fe de vida y estado” lo que, según el que informa, resulta inoperativo de cara
a la finalidad que se pretende, que es la de acreditar que un ciudadano sigue
con vida para acreditarlo en su país de origen o bien, del que percibe una
pensión.
2º.-
Que debe ser el Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma el que eleve la
propuesta al Consejo de Gobierno.
En el meritado informe, se proponía que; “sin perjuicio de lo que se adopte, se
recomienda que se modifique la propuesta, y que no se añada “Declaración de
Responsable de Fe de vida y estado, sino que se opte por otras opciones tales
como:
-
Certificado
de existencia para pensiones del Extranjero.
-
Certificado
de pervivencia para pensiones del Extranjero”
QUINTO.-
Con fecha de 19 de diciembre de 2024 se crea desde la Consejería de Seguridad
Ciudadana el expediente 40940/2024 relativo a la propuesta de modificación de
del Decreto de distribución de competencias entre Consejerías (AA1º)
consistente en que; “se suprima el punto
4.2.3.1 d) y que las competencias de la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Igualdad , se modifique el punto 7.2.7 j) y quedará
redactado : Ordenar, para todos los empleados públicos , la iniciación de los
expedientes disciplinarios, disponer la realización de informaciones previas si
procedieren, nombramiento de instructor y, en su caso, secretario, adoptar
medidas de carácter provisional que aseguren la resolución final que pudiera
recaer, apercibir y suspender preventivamente al personal de la Ciudad y
resolver los expedientes disciplinarios ejerciendo la potestad disciplinaria, a
excepción de la separación del servicio de los funcionarios y el despido del
personal laboral fijo, que será competencia del Consejo de Gobierno.[…]”,
siendo suscrita por el Excmo. Consejero de Seguridad Ciudadana.
En dicho expediente consta el encargo 347517,
solicitando la emisión de informe jurídico a la Secretaría Técnica de AAPP.
SEXTO.
- Con fecha de 23/01/2025 se solicita a la Dirección
General de Seguridad Ciudadana informe relativo sobre la objeción de que las
competencias relativas a “La
planificación, desarrollo y ejecución de los cursos selectivos de formación
básica de los funcionarios en prácticas
de Policía Local y Bomberos.” Sean modificadas y asumidas por la Dirección General de Función
Pública.
En respuesta al meritado encargo se emite
informe técnico con fecha del 29 de enero del corriente en sentido favorable:
“En
relación con el encargo nº 351246, de fecha 23/01/2025, que figura en el
expediente 2787/2025, este Director General es
del parecer que podría atenderse la
solicitud de la Dirección General de la Función Pública de modificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 28 de julio de 2023[…]”
Concluyendo que:
Debe especificarse y diferenciarse la
enseñanza de “formación” (la que corresponde al acceso al empleo), de la
de “perfeccionamiento” (la que podría considerarse
como formación continua), de la de “especialización” (la que llevaría al desempeño de una especialidad a la que
sólo se puede optar por ostentar la
titulación específica).
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esa
materia de Formación, además de otras materias que deberán ser objeto de
revisión a juicio de este Director General.”
SÉPTIMO.
- Con fecha de 23 de enero de 2025 se hace encargo
351245 a la Dirección General de
Administración Pública sobre la procedencia de elevar la modificación
consistente en atribuir a dicha Dirección General las competencias en
Certificado de existencia para pensiones del extranjero, en vez de “Declaración
de Responsable en fé de vida y estado”, en el sentido del informe jurídico
contenido en el expediente citado ut
supra. El día 24 del mismo mes se emite informe al respecto (CSV
15704505576764206450) en el siguiente sentido:
“En
relación al encargo núm. 351245, de 23/01/2025, sobre propuesta de modificación
del Decreto de Distribución de Competencias entre las Consejerías de la Ciudad
Autónoma, de 28 de julio de 2023 (BOME extra. núm. 54, de 31/07/2023) con núm.
expediente 30679/2023, se informa por esta Dirección General que no existe
inconveniente en proceder a la modificación de la competencia establecida en el
apartado 7.2.5 t) del meritado Decreto de “Certificado de existencia para
pensiones del Extranjero”, por la de “Certificado de existencia para pensiones
del Extranjero”.
OCTAVO.
- Con fecha de 29 de enero de 2025 se solicita
informe (Encargo 352182) a la Dirección General de Desarrollo Autonómico y
Ordenación Normativa, siendo emitido informe con fecha de 03 de febrero de
2025.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.
- Sobre el Régimen Jurídico.
En primer lugar, ha de partirse de la norma
institucional básica de la Ciudad de Melilla, en adelante CAM, esto es, la Ley
Orgánica 2/1995 de 13 de marzo por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía
de Melilla.
El artículo 20, integrado en el título
segundo relativo a las competencias de la CAM, establece que “corresponde a la ciudad de Melilla, en los
términos previstos en el presente Estatuto, la competencia sobre la organización y funcionamiento de sus instituciones
de autogobierno.”
Es decir, que las instituciones básicas de la
Ciudad, como son la Asamblea, el Presidente y el Consejo de Gobierno, se rigen
por el Estatuto de autonomía y los Reglamentos dictados por el órgano
asambleario, sin que sea de aplicación lo establecido en la regulación de
régimen local.
Para mayor abundamiento, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, en adelante RDAL, relativa a las Especialidades de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, establece:
“La
organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las Ciudades
de Ceuta y Melilla se regularán de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica
1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla y por las normas de
desarrollo dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus respectivas
Asambleas, no rigiéndose, en el citado
ámbito, por lo dispuesto en la normativa de régimen local”
Igualmente, se hace referencia a diversos
pronunciamientos judiciales, tales como el del fundamento jurídico segundo de
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJA, con sede en
Málaga, de fecha 8 de mayo de 2001):
“El
sistema de fuentes en la Ciudad Autónoma está presidido por la Constitución
española, el Estatuto de autonomía de la Ciudad Autónoma, que consagra su
régimen institucional especial caracterizado por un grado de autonomía superior
al de los Municipios", y que "por lo que se refiere a su
organización institucional habrá de estarse a las normas propias con las que se
dote la propia Ciudad Autónoma”;
Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Málaga, núm. 995/2017, de
fecha 31 de mayo de 2017):
"la
Ciudad Autónoma disfruta de una competencia estatutaria que le habilita para
regular sus propias instituciones con la
sola vinculación a la Constitución y a su Estatuto de autonomía."
Por último,
en este sentido la STC 240/2006, de 30 de junio, declaró que el régimen de
autonomía de una Ciudad Autónoma " es diferente de aquella de la que disponen los
municipios que se rigen por la legislación estatal que fija los principios y
criterios básicos en materia de
organización y competencia de aplicación general en todo el Estado". De manera que la
jurisprudencia constitucional ha configurado esa competencia en términos de
exclusividad, que se pone de relieve, particularmente, respecto de los
Reglamentos de autoorganización.
Insiste la ley, por tanto, en que la
organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno, en Melilla, no
se rigen por lo dispuesto en la legislación sobre régimen local ("no
rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la normativa de régimen
local"), sino que se rigen por los
Estatutos de Autonomía y Reglamentos de Desarrollo. De modo que este
Estatuto de Autonomía y los Reglamentos de desarrollo aprobados por la Asamblea
dibujan el único marco normativo que resulta de aplicación.
SEGUNDO.
- Sobre el Decreto de Distribución de Competencias entre Consejerías.
Establecido el marco normativo en el caso
particular del expediente que se informa (30679/2023), se acude al Reglamento
de Gobierno y Administración de la CAM, en adelante REGA, en cuyo artículo 68,
el cual se reproduce a continuación:
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las competencias que le correspondan a la
Presidencia y a cada una de las diferentes Consejerías en las que se estructure
en cada momento el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2.
El
Decreto de distribución de competencias, que tendrá forma articulada, deberá
contener, al menos, los siguientes aspectos:
a)
Denominación
de las diferentes Consejerías.
b)
Competencias
que le correspondan a cada Consejería.
c)
Estructura
administrativa que le corresponda a cada Consejería, al menos hasta nivel de
Direcciones Generales.
3.
El Decreto de distribución de competencias se deberá publicar en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla para su general conocimiento y efectos.
TERCERO.
- Sobre las competencias en materia disciplinaria.
Ha de partirse del artículo 15 del Estatuto
de Autonomía el cual establece que el Presidente ostenta también la condición
de Alcalde, atribuyéndole el art. 9 del REGA, entre otras, las que le
correspondan como Alcalde, por ello, ha de acudirse a la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) en cuyo art. 21 el cual
establece:
“El
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes
atribuciones:
[…]
h)
Desempeñar la jefatura superior de todo
el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación
del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal
laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera
sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 99.1 y 3 de esta ley”
Además de ello, el artículo 24.d) del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
(TRRL) le atribuye a parte de las recogidas en el art. 21.1 LBRL, todas las atribuciones en materia de
personal que no competan al Pleno.
Ahora bien, en materia disciplinaria, siendo
propia de personal, el artículo 150 TRRL establece que;
“1.
Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los
funcionarios de la Administración local los siguientes:
a)
El
Presidente de la Corporación, en todo caso, o el miembro de ésta
que, por delegación de aquél, ostente la
jefatura directa del personal.
b)
La
Dirección General de Administración Local, cuando se trate de funcionarios con
habilitación de carácter nacional, por faltas cometidas en Corporación distinta
de aquélla en la que se encuentren prestando servicios, o cuando, por la
gravedad de los hechos denunciados, pudiera dar lugar a sanción de destitución
o separación del servicio.
2.
El
órgano competente para acordar la incoación del expediente, lo será
también para nombrar Instructor del mismo y
decretar o alzar la suspensión provisional
del expedientado, así como para instruir diligencias
previas antes de decidir sobre tal incoación.
3.
En
cualquier caso, decretada por el Presidente de la Corporación la instrucción de
expediente disciplinario a funcionario con habilitación de carácter nacional,
aquél podrá solicitar de la Dirección General de Administración Local la
instrucción del mismo si la Corporación careciera de medios personales para su
tramitación.
4.
La
tramitación del expediente se ajustará a lo que establezca la
legislación de la Comunidad Autónoma respectiva
y supletoriamente el Reglamento
disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado.”
Dicho esto, queda claramente definido que el
Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta per se la jefatura de todo el personal dependiente de la
Administración de la CAM así como, la competencia en materia disciplinaria.
Dichas competencias pueden ser desconcentradas, a través de Decreto de
Distribución de Competencias, en atención a los artículos 8.2 de la Ley 40/2015
de Régimen Jurídico del Sector Público y
artículo 68 del REGA, desconcentración que supone que se adquieran como
propias, a favor de los titulares de las Consejerías, tanto la titularidad como
el ejercicio de aquellas, tal y como prevé el artículo 33 REGA.
En el vigente Decreto de Distribución de
Competencias se produce una separación de dicha titularidad en dos Consejerías.
La Consejería competente en materia de Administración Pública ostenta todo lo
relativo en materia disciplinaria de los empleados públicos, salvo la
separación de servicio o despido disciplinario, reservando a la Consejería de
Seguridad Ciudadana lo relativo en materia disciplinaria aplicable al personal
adscrito a su Consejería. Ello produce que no se siga un mismo criterio o línea
de actuación por los órganos a los que se le encomienda el ejercicio de la
potestad disciplinaria, esto es, tanto a los criterios a adoptar para incoar o
sancionar se refiere como a la adopción de medidas cautelares y resolución.
Ello podría poner en riesgo el principio de igualdad, el cual no sólo es un
derecho fundamental (art. 14 CE), sino un valor superior del ordenamiento
jurídico (art.1 CE).
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En lo que respecta al derecho subjetivo de
obtener un trato igual, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al
respecto en multitud de ocasiones en la primera década de vida de nuestra Carta
Magna, y así lo hizo en la
Sentencia 49/1982, de 14 de julio,
en cuyo fundamento jurídico número 2, dice:
«...no
es impertinente recordar que, como tiene con reiteración señalado este
Tribunal, el artículo 14 de la Constitución, al establecer el principio general
de que los españoles son iguales ante la Ley, establece
un derecho subjetivo a obtener un trato
igual, impone una obligación a los poderes públicos de llevar a cabo ese trato igual y, al mismo tiempo,
limita el poder legislativo y los poderes de los órganos encargados de la
aplicación de las normas jurídicas».
La Sentencia número 2/1983, de 24 de enero, en su fundamento jurídico número 4,
recogiendo la anterior doctrina, afirma que:
«El
principio de igualdad ante la Ley consagrado en el artículo 14 de la
Constitución ha sido configurado por la doctrina reiterada de este Tribunal, y
de la que son especiales exponentes las Sentencias de 14 y 22 de julio de 1982,
como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y
limita a los poderes públicos a respetarlo, y que exige que los supuestos de hechos iguales sean tratados
idénticamente en sus consecuencias
jurídicas.»
Por su parte, conviene recordar que la
doctrina del TJUE ha establecido que el principio de igualdad de trato forma
parte del ordenamiento jurídico de la Unión y es un principio general del
Derecho de la Unión que reviste el carácter de fundamental, consagrado
actualmente por los artículos 20 y 21 de la Carta Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (Auto de 7 de marzo de 2013, asunto C- 178/2012).
El principio de igualdad debe estar
interconectado o más bien dicho, se observa con un escrúpulo cumplimiento de
las garantías procedimentales, tanto en lo que refiere a la incoación, como a
la instrucción, resolución y ejecución de posibles sanciones.
La exigencia de un iter procedimental es, pues, una garantía tanto del acierto en la
decisión como de los derechos de defensa y presunción de inocencia del
inculpado, que son derechos constitucionales de aplicación general a los
procedimientos sancionadores públicos, inclusive los disciplinarios.
Procedimiento que, a tenor del art. 118.1 del propio Reglamento de la Policía
Local de la CAM, se rige por lo establecido en el Régimen disciplinario
aplicable al resto de funcionarios públicos de la CAM, esto es, por el TREBEP y
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
Así pues, y apelando a lo anteriormente
dicho, queda suficientemente justificado que sea un mismo órgano el que
ostente, al menos, el ejercicio de la competencia en materia disciplinaria, y
así ha sido en los últimos Decretos de distribución de Competencias, recayendo
en la Consejería competente en materia de Administración Pública:
-
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16
de julio de 2019, relativo a la aprobación del decreto de distribución de
competencias entre las Consejerías, donde atribuye a la Consejería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Regeneración Democrática en materia de Función Pública: 2.2.5.k) Ordenar la iniciación de los
expedientes disciplinarios, disponer la realización de informaciones previas si
procedieren, nombramiento de instructor y, en su caso, secretario, adoptar
medidas de carácter provisional que aseguren la resolución final que pudiera
recaer, apercibir y suspender preventivamente al personal de la Ciudad, y
resolver los expedientes disciplinarios ejerciendo la potestad disciplinaria, a
excepción de la separación del servicio de los funcionarios y el despido del
personal laboral fijo, que será competencia del Consejo de Gobierno.
-
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 19 de
diciembre de 2019, relativo a la aprobación del decreto de distribución de
competencias entre consejerías de la Ciudad de Melilla, atribuye a la
Consejería de Presidencia y Administración Pública las mismas atribuciones que
las anteriores.
A parte de ello, en el ordenamiento jurídico
interno, varias disposiciones generales atribuyen a un único órgano, en este
caso, a la Consejería competente en Administración Pública, la titularidad en
materia disciplinaria como es el Reglamento de la Consejería de Administración
Pública en cuyo art. 4.3.f prevé como competencia propia: “f) Ordenar la instrucción de
expedientes disciplinarios y sancionar y suspender preventivamente a toda clase
de personal. La sanción consistente en la separación del servicio de los
funcionarios de la Ciudad y el despido del personal laboral fijo, dando cuenta
al Pleno de la Excma. Asamblea en la primera sesión que celebre.[…]”. O
como es el Reglamento de la Policía Local de la CAM, en el cual contempla
dentro de las funciones del Superintendente, las de “Proponer al Consejero de
Administraciones Públicas o cargo en quien delegue, la iniciación de los
procedimientos disciplinarios a los miembros del Cuerpo, cuando la conducta o
actuación de los mismos lo requiera, así como la propuesta de distinciones a
aquel personal que se haga acreedor a ellas y estén recogidas en el presente
Reglamento.
Así pues, y para concluir, apelando a la
coherencia con el resto de régimen jurídico aplicable en la CAM, la titularidad
de la competencia en materia disciplinaria ha de recaer en un único órgano, en
el caso que se propone, en le Excmo. Presidente de la CAM, por ostentar la
jefatura del personal de la Administración, todo ello sin perjuicio de la
delegaciones que se pudiesen hacer.
CUARTO.
- Sobre la competencia relativa a los cursos de selección en procesos
selectivos.
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nombramiento de la composición de los
Tribunales Calificadores y nombrar funcionarios de carrera a los que superen
los correspondientes procesos selectivos a propuesta del Tribunal, competencia
contemplada en el Reglamento de la Consejería de Administración Pública.
Ha de entenderse que la resolución de los
procesos selectivos comprende, no solo dictar la Orden con la que se nombra
funcionario de carrera o laboral fijo a los aspirantes, sino que, abarca el
acto de convocatoria, nombramiento del Tribunal de Selección (Art.4.3.d
RCAAPP), aprobación de listas de aspirantes, su exclusión etc. (Art.4.3.j
RCAAPP). Además, el meritado Reglamento atribuye al Centro de Estudio y Formación de la CAM en su artículo 20.2; “Gestionar
y tramitar las actividades formativas para ingreso del personal en la
Administración, cuando así se prevea en las correspondientes convocatorias de
pruebas selectivas, así como aquellas destinadas al apoyo de la promoción del
personal.”
Desde la perspectiva económica, la partida
presupuestaria 03/9200/16206 relativa a los gastos en materia de formación de
personal de nuevo ingreso está asignada al Centro de Estudio y Formación en el
presupuesto de 2025, como así fue en 2024, lo que ha provocado determinadas
incidencias a la hora de gestionar el abono del personal que ha impartido la
formación de nuevo ingreso al SPEIS y
Policía Local, tal y como se puede apreciar en el informe de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana de 27 de enero de 2025.
Actualmente, el vigente Decreto de
Distribución atribuye a la Consejería de Seguridad Ciudadana “La planificación, desarrollo y ejecución de
los cursos selectivos de formación básica de los funcionarios en prácticas de
Policía Local y Bomberos (4.2.3.5)”, dicho esto y siendo el “Curso
Selectivo” una fase más del proceso de selección y por ello, competencia
asumida por la Consejería competente en materia de Administración Pública, en
particular, de la Dirección General de Función Pública, es por lo que es
procedente suprimir dicha competencia de la Consejería de Seguridad Ciudadana y
siendo asumida por la de Presidencia, Administración Pública e Igualdad.
Ello, no es incompatible con que se mantenga
en la Consejería de Seguridad Ciudadana lo relativo a la planificación,
desarrollo y ejecución de la formación específica de perfeccionamiento y
especialización del personal dependiente de dicha Consejería, lo que, no sólo
ha de referirse a miembros del Cuerpo de la Policía Local y del SPEIS, sino
debe incluirse Protección Civil y Agentes de Movilidad, estos últimos,
subordinados a los miembros del Cuerpo de la Policía Local, cuyo cometido es
competencia ejercida por Seguridad Ciudadana.
QUINTO.
- Sobre la competencia relativa a la
defensa en procedimientos judiciales ante la jurisdicción social.
El primer antecedente recoge la atribución de
esta materia a favor de la Consejería de Presidencia, Administración
Pública e Igualdad, ahora bien, con fecha de 16 de abril de 2024 se publicó en
BOME Extraordinario N.º23, el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 8 de
abril de 2024, relativo a la modificación de la relación de puestos de trabajo
de Presidencia, en el que se crea el puesto de Asesor/a Jurídico Socio-Laboral
quedando integrado en los Servicios Jurídicos de la Ciudad, los cuales tienen encomendado la defensa y representación en juicio de los intereses de la Ciudad
Autónoma, lo que debe comprender la jurisdicción social.
Ha de recordarse que la motivación de la
citada modificación de la RPT tenía su fundamento en reforzar los Servicios
Jurídicos, tal que así:
“[…]Ello
viene justificado en el incremento de procedimientos judiciales de la
jurisdicción contenciosa-administrativa en la que se demanda a la CAM, no sólo
en el ámbito de la función pública, sino en otras áreas relacionadas con las
competencias que ejerce la Ciudad, las cuales son muy extensas, que suponen la
intervención en materia penal, civil, de menores o contable, por lo que hace
insuficiente la existencia de tres Asesores, siendo
necesario un urgente refuerzo de los
Servicios Jurídicos con un puesto más. Para mayor abundamiento, ha de ofrecerse un puesto de trabajo tras finalizar el
procedimiento de estabilización, con lo que se
conseguiría un refuerzo extra a los
servicios jurídicos.
2. Ese refuerzo, no solo ha de ser en el ámbito de
la jurisdicción contenciosaadministrativa, sino en la social/laboral, cuya
representación de la Ciudad se ejerce desde el área dependiente de la Dirección
General de Función Pública.
Por tanto, y dado el incremento de los
procesos judiciales en la jurisdicción laboral de estos últimos años,
motivados en su mayoría por cesión ilegal de trabajo
y despidos improcedentes, es conveniente para una mejor coordinación y eficiencia en la defensa de los intereses de la
Ciudad, la creación de 1 puesto destinado a
ello, e integrado en los Servicios Jurídicos.”
Así pues, siendo los puestos asociados a los
Servicios Jurídicos, puestos no integrados en la organización jerárquica (art.
65.2 REGA) es por lo que procede suprimir el apartado que atribuye la defensa
en asuntos de la jurisdicción social a la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Igualdad y pase a estar integrada dentro de las
funciones propias de los Servicios Jurídicos (art.96.1 REGA y
1.2.5.c) Decreto de Distribución de
Competencias).
SEXTO.
- Sobre la competencia relativa a los certificados de pervivencia.
Con fecha de 24/04/2024 se emitió un
informe-propuesta desde la Dirección General de Administración Pública;
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“ASUNTO: SEGUNDO INFORME PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DECRETO DE COMPETENCIAS APROBADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO NÚM. 538, DE 28 DE JULIO DE 2023 EN MATERIAS PROPIAS DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
1.- El 15 de septiembre de 2023, se emite informe propuesta de la Dirección
General de Administración Pública de modificación Decreto de competencias
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno núm. 538, de 28 de julio de 2023,
siendo remitido al Consejo de Gobierno mediante encargos con núm. 285133,
285134 y 286472.
2.- En el apartado segundo de dicho informe propuesta se instaba la
supresión de la inclusión de “Certificados de fe de vida” en el apartado 7.2.5
r) del Decreto de Distribución de competencias de 28 de julio de 2023,
correspondiente a las competencias de la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Igualdad, en materia de Administración Pública.
3.- Pese al mantenimiento de las consideraciones jurídicas incluidas en
dicho informe propuesta, que sirvieron de base a tal petición, cuyo literal se
transcribe a continuación:
“2.
Dentro de las competencias enumeradas en el apartado 7.2.5 r) del meritado Decreto,
en materia de Administración Pública, se incluye la de “Certificados de fe de
vida”
En
relación a esta competencia, cabe señalar que el Reglamento de la Ley del
Registro Civil de 1958 contempla el certificado de fe de vida y estado,
documento que recoge, mediante la previa manifestación del interesado, el hecho
de que una persona está viva, así como la presunción de su estado civil en
virtud de la declaración que formula dicha persona, estableciendo el artículo
364 que el expediente se ajustará, entre otras, a las siguientes normas:
“1.ª
Es competente el Encargado y, por delegación, el Juez de Paz del domicilio del
sujeto a que se refiere. (…)”
Por
otra parte, la Disposición adicional quinta de la Ley 6/2021, de 28 de abril,
por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, en
relación con las oficinas colaboradoras del Registro Civil y punto de acceso en
Ayuntamientos, establece lo siguiente:
“Todas
las secretarías de juzgados de paz o las unidades procesales de apoyo directo a
juzgados de paz, o bien las oficinas de justicia en el municipio u otras del
mismo tipo que se implanten en
sustitución de las anteriores o como complemento de las mismas en virtud de
ulteriores reformas legislativas, colaborarán con el Registro Civil
desempeñando, en la forma que se desarrolle reglamentariamente, las funciones
siguientes:
(…)
e) Expedirán certificados de fe de vida.
(…)
En
los municipios donde no se ubique una Oficina General, además de existir las
Oficinas Colaboradoras con las funciones descritas anteriormente, los
Ayuntamientos podrán solicitar al Ministerio de Justicia que les habilite las
conexiones necesarias, conforme se regule reglamentariamente, para que los
ciudadanos puedan presentar en dichos Ayuntamientos solicitudes y la
documentación necesaria para las actuaciones ante el Registro Civil.
Las
oficinas colaboradoras del Registro Civil no dispondrán de Encargado propio y
para el desempeño de sus funciones se relacionarán con la Oficina General y el
Encargado de su ámbito territorial. El Encargado de la Oficina General del
ámbito territorial del que dependa una oficina colaboradora puede delegar
funciones en el funcionario de los Cuerpos Generales de la Administración de
Justicia de superior categoría que preste servicio en las oficinas
colaboradoras o bien en el funcionario de la Administración local que sea
expresamente designado por cada Ayuntamiento para atender dicha oficina de la localidad
que no esté servida por funcionarios de la Administración de Justicia”
Teniendo
en cuenta que la ciudad de Melilla cuenta con un Registro Civil en la
Administración de Justicia para el desempeño de las funciones contempladas en
la Ley 6/2021, que modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil,
así como lo establecido en el Reglamento de la Ley del Registro Civil de 1958,
consideramos que debe suprimirse la
competencia enumerada en el apartado 7.2.5. r) “certificados de fe de vida”, del mencionado Decreto de
competencias.”
Esta
área, conforme a los principios recogidos en el artículo 140.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con el fin de
evitar la saturación del Registro Civil de la Ciudad, así como retrasos
injustificados y perjuicios, en especial a sectores necesitados de la sociedad,
considera conveniente, la modificación de lo propuesto el 15 de septiembre de
2023, en el sentido de no instar la supresión de tal apartado 7.2.5 r), sino su
sustitución por “Declaraciones responsables de vida y estado”
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administración
pública (empleado público de la Ciudad Autónoma de Melilla) manifestando tales
extremos mediante declaración responsable.
Por
todo lo anteriormente expuesto, se propone la modificación de la propuesta ya
tramitada de 15 de septiembre de 2023, núm. de expediente electrónico
30679/2023, en el sentido de sustituir lo solicitado como apartado segundo,
conforme a la siguiente redacción:
“La
modificación del ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE CONSEJERÍAS DE LA CIUDAD DE
MELILLA, DE 28 DE JULIO DE 2023, en los siguientes términos:
Primero.- Incluir en el apartado
7.2.5 del Decreto de competencias, en relación con las competencias asumidas
por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, en materia
de Administración Pública, al haber sido el área que ha gestionado el sistema
de quejas y sugerencias desde la aprobación de su Reglamento regulador, máxime
cuando dicha competencia no se encuentra atribuida a ninguna otra área o
Consejería de la Ciudad Autónoma de Melilla, proponiendo, por ser más ajustado
a su gestión, dentro del Sistema Integrado de Gestión de calidad,
medioambiental y de emergencias de la Ciudad Autónoma de Melilla, certificado
conforme a la norma UNE EN ISO, la siguiente denominación:
Sistema
de Quejas y Sugerencias
Segundo. - Modificación del subapartado r)
del apartado 7.2.5 del
Decreto de competencias, en relación con las competencias asumidas por la
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, en materia de
Administración Pública, conforme a lo siguiente:
Donde
dice:
“r) Certificados de fe de vida” Debe aparecer:
“r) Declaraciones
responsables de vida y estado”
Posteriormente y con fecha de 28 de noviembre
de 2024 se emite informe jurídico por la Secretaría Técnica de Administración
Pública, asociado al expediente de la Dirección General de Administración
Pública con número 30679/2023 relativo a la modificación del Decreto de
Distribución de competencias, en base a la propuesta que contaba en ese
expediente, el cual concluía lo siguiente:
De
acuerdo con los antecedentes y fundamento se informa en el siguiente sentido:
1º.-
Que la finalidad del informe-propuesta que consta en el expediente, es la de
atribuirle a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad en
materia de Administración Pública, lo relativo a “Declaración de Responsable en
fe de vida y estado” lo que, según el que informa, resulta inoperativo de cara
a la finalidad que se pretende, que es la de acreditar que un ciudadano sigue
con vida para acreditarlo en su país de origen o bien, del que percibe una
pensión.
[…].
En el meritado informe, se proponía que; “sin perjuicio de lo que se adopte, se
recomienda que se modifique la propuesta, y que no se añada “Declaración de
Responsable de Fe de vida y estado, sino que se opte por otras opciones tales
como:
-
Certificado
de existencia para pensiones del Extranjero.
-
Certificado
de pervivencia para pensiones del Extranjero”
Hasta ese momento, se paraliza la tramitación
del citado expediente para, en un único acto, apelando al principio de
eficiencia, llevar a cabo la modificación del Decreto de Distribución de
Competencias. Por ello, y con la conformidad de la Dirección General de
Administración Pública, se propone incluir la competencia relativa a “Certificación de pervivencia para pensiones
en el extranjero”.
SÉPTIMO.
- Sobre el órgano competente para elevar la propuesta al Consejo de Gobierno.
Tal y como se expuso en el FD2º, 1. El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, al tomar posesión de su cargo o
cuando se produzca una modificación de las estructuras de gobierno, deberá
proponer un Decreto en el que se establezcan las competencias que le
correspondan a la Presidencia y a cada una de las diferentes Consejerías en las
que se estructure en cada momento el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Por ello, debe ser el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla el que eleve al Consejo de Gobierno la propuesta
para modificar el Decreto de Distribución de Competencias entre Consejerías.
Por todo lo anterior y de conformidad con los
documentos aportados al expediente, vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo
siguiente.
La modificación del Decreto de distribución
de competencias entre Consejerías de la Ciudad de Melilla 2023-2027, publicado
en BOME Extra Núm. 54, de 31 de julio de 2023, en el siguiente sentido:
1º.-
La supresión del apartado b) del
punto 4.2.3.5 del Decreto de distribución de competencias entre Consejerías
relativo a la materia en Formación Específica, quedando redactada como sigue:
“4.2.3.5 Formación específica de los miembros
de la Policía Local, Agentes de Movilidad, Bomberos y Protección Civil:
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especialización, en materias relacionada con
la seguridad ciudadana para el personal dependiente de la Consejería de
Seguridad Ciudadana.
b)
La planificación, desarrollo y ejecución de
la formación para el Voluntariado de Protección Civil.”
2º.
La supresión del apartado d) del punto 4.2.3.1 del Decreto de distribución de competencias
entre Consejerías consistente en “Ordenar,
respecto al personal adscrito a la Consejería, la iniciación de los expedientes
disciplinarios, disponer la realización de informaciones previas si
procedieren, nombramiento de instructor y, en su caso, secretario, adoptar
medidas de carácter provisional que aseguren la resolución final que pudiera
recaer, apercibir y suspender preventivamente al personal, y resolver los expedientes
disciplinarios ejerciendo la potestad disciplinaria, a excepción de la
separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral
fijo, que será competencia del Consejo de Gobierno.”
3º.
La supresión del apartado w) del punto 7.2.7 del Decreto de distribución de competencias
entre Consejerías, consistente en la “Defensa
de los intereses de la Ciudad en los procedimientos judiciales ante la
jurisdicción social.”, atribuyéndose a los Servicios Jurídicos en el punto
1.2.5 como apartado d).
4º.
La supresión del apartado j) del
punto 7.2.7 del Decreto de distribución de competencias entre Consejerías,
consistente en:
“Ordenar,
salvo para el personal adscrito a la Consejería de Seguridad Ciudadana, la
iniciación de los expedientes
disciplinarios, disponer la realización de informaciones previas si
procedieren, nombramiento de instructor y, en su caso, secretario, adoptar
medidas de carácter provisional que aseguren la resolución final que pudiera
recaer, apercibir y suspender preventivamente al personal de la Ciudad, y
resolver los expedientes disciplinarios ejerciendo la potestad disciplinaria, a
excepción de la separación del servicio de los funcionarios y el despido del
personal laboral fijo, que será competencia del Consejo de Gobierno.”
5º.
Adherir como punto 1.1.3 del Decreto de distribución de competencias entre
Consejerías lo siguiente:
“Como
Jefe superior de todo el personal de la Ciudad, ordenar, la iniciación de los
expedientes disciplinarios, disponer la realización de informaciones previas si
procedieren, nombramiento de instructor entre los empleados públicos de la
Ciudad y, en su caso, secretario, adoptar medidas de carácter provisional que
aseguren la resolución final que pudiera recaer, apercibir y suspender
preventivamente al personal de la Ciudad, y resolver los expedientes
disciplinarios ejerciendo la potestad disciplinaria, a excepción de la
separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral
fijo, que será competencia del Consejo de Gobierno.”
6º.
Adherir al punto 7.2.5 del Decreto de distribución
de competencias entre Consejerías, como apartado u) lo siguiente:
“Certificación de pervivencia para pensiones en el extranjero
”
Contra este acuerdo que es firme en vía
administrativa sólo se podrá interponer recurso contencioso administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla, dentro del plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación. Igualmente cabrá el recurso extraordinario de revisión en los
supuestos del artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
recurso o acción que estime procedente.
Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, a 19 de febrero de 2025,
El Secretario Acctal. del Consejo de Gobierno,
Decreto nº 23 de fecha 13/02/2025, BOME Extra nº 9
14/02/2025,
Diego Giner Gutiérrez