ARTÍCULO Nº 623
(CVE: BOME-A-2021-623)
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BOME Nº 5868 - viernes, 11 de junio de 2021 Ir al BOMECIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA - CONSEJO DE GOBIERNO - CONSEJO DE GOBIERNO
Decreto de creación de la oficina de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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El
Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva Ordinaria celebrada el día 26 de mayo
de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“PUNTO DÉCIMO PRIMERO.-DECRETO DE CREACIÓN DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Y LA CORRUPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno
acuerda aprobar Propuesta de la Presidencia, que literalmente dice:
La Ciudad de Melilla se rige
por la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de Marzo que aprobó su Estatuto de Autonomía
de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 b) de la Constitución Española,
constituyendo la expresión jurídica de su identidad y definiendo sus
instituciones, competencias y recursos, dentro de la más amplia solidaridad
entre todo los pueblos de España. Con su aprobación, las Ciudad accedió a un
régimen de autogobierno, gozando de autonomía para la gestión de sus intereses,
integrándose y completando el sistema autonómico que se desarrolló a partir de
la Constitución Española.
La Ciudad dispone de un
estatus singular de autonomía que lo diferencia sustancialmente de los entes
locales, una autonomía local singular que, como señala el Tribunal
Constitucional en la Sentencia nº 240/2006, de 26 de julio, constituye
un régimen reforzado respecto al general de los demás Municipios, disponiendo
de un régimen especial de autonomía.
Una de las singularidades
más significativas se produce en el ámbito competencial pues además de disponer
de un amplio elenco de competencias autonómicas (arts 21 y 22 L.O. 2/1995, de
13 de marzo de Estatuto de autonomía), asume igualmente todas las competencias
que la legislación estatal atribuye a los Ayuntamientos así como lasde las
Diputaciones Provinciales (art. 25 EA), conformando una Administración única en
su ámbito territorial, permaneciendo el Municipio como núcleo básico de la
organización territorial del Estado (art. 137 CE), que se integra en la Ciudad
con Estatuto de Autonomía.
Destaca en el ámbito
competencial de la Ciudad la “organización de sus instituciones de autogobierno”, reconocido en el artículo
20 de sus respectivos Estatutos de Autonomía. Esta base jurídica constitucional
y estatutaria, se concreta igualmente en el párrafo 2º del artículo 6 de los
propios Estatutos de Autonomía que determina que la organización y
funcionamiento de sus órganos institucionales se ajustarán a lo establecido en
los respectivos Estatutos y a las normas que en su desarrollo dicten la
Asamblea de Melilla.
Lo anterior ha sido
ratificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, que respecto a las especialidades de
las Ciudades de Ceuta y Melilla en la Disposición Adicional Cuarta, en el
apartado 1º ha precisado que “la organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las
Ciudades de Ceuta y Melilla se regularán de acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla y por las
normas de desarrollo dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus
respectivas Asambleas, no rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en
la normativa de régimen local”.
Sobre la base jurídica
citada, el art. 68 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME extraordinario nº 2 del 30 de enero de 2017) dispone
que “Se podrán
crear órganos administrativos que no se encuentren integrados en la
organización jerarquizada de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, que dependerán directamente del Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, sin perjuicio de que sus funciones las realicen para toda la
Administración de la Ciudad”.
En el contexto anterior la
percepción de la corrupción y el fraude ocupan los primeros puestos entre los
principales problemas de los españoles si bien debe lamentarse que las
iniciativas desarrolladas en el ámbito local para la lucha contra la corrupción
no han sido numerosas. En 2009, la Federación Española de Municipios y
Provincias aprobó un Código de Buen Gobierno Local y posteriormente tomó
medidas en favor de la creación de un Observatorio para supervisar la calidad
de la gobernanza a nivel local.
A nivel internacional, puede citarse la Resolución 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2003, por la que se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Las Naciones Unidas han definido la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad y da pie a violaciones de los derechos humanos. Afecta infinitamente más a la población vulnerable, que se ve privada de fondos que podrían estar destinados a
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ofrecer servicios básicos.
Alimenta así la desigualdad y la injusticia y desalienta las ayudas y la
inversión extranjera, convirtiéndose en un factor clave y un obstáculo muy
importante para el desarrollo social. Si bien la Convención contiene importantes
recomendaciones para la lucha contra la corrupción a nivel mundial, existen dos
especialmente relevantes para el ámbito municipal. La primera, la necesidad de
crear un órgano encargado de prevenir la corrupción que goce de la
independencia necesaria para desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin
ninguna influencia indebida; la segunda, la necesidad de fomentar la
participación activa de personas y grupos pertenecientes a la sociedad civil en
la prevención y la lucha contra la corrupción.
En el ámbito europeo, ha de
destacarse también el informe de la Comisión Europea, de 3 de febrero de 2014
que concluye recomendando implantar estrategias a la medida de las
Administraciones locales, reforzar los mecanismos de control, hacer más
transparente el proceso de toma de decisiones y desarrollar códigos de conducta
exhaustivos para los cargos electos a nivel local, con la adecuada rendición de
cuentas e instrumentos sancionadores de las posibles violaciones de dichos
códigos.
La Administración de la
Ciudad Autónoma debe ser pionera en la erradicación de estas conductas
perniciosas que socavan la democracia y el Estado de Derecho, menoscaban la
calidad de vida, distorsionan los mercados y permiten el florecimiento de la
delincuencia organizada. Por ello la creación de la Oficina de Prevención y
lucha contra el Fraude y la Corrupción responde así al firme y decidido empeño
de la Ciudad de contribuir al control y prevención de estas conductas y a la
recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
La Oficina se crea al amparo
de la autonomía reconocida por el Estatuto de Autonomía y de la potestad de
autoorganización y se configura como instrumento principal para reforzar las
buenas prácticas de la Administración pública, prevenir e investigar posibles
casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos o cualquier
aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de
intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones
propias del personal al servicio del sector público.
En virtud de lo expuesto y
de conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 14.1 de la Ley
Orgánica 2/1995 de 13 de Marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla
y en ejecución de las previsiones contempladas en los artículos 58 y 68 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la aprobación del DECRETO DE CREACIÓN DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Y LA CORRUPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA con el siguiente contenido:
PRIMERO.- Creación y régimen jurídico.
Se crea la Oficina de
Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como órgano de desarrollo de funciones de
inspección, comprobación y prevención de las actuaciones desarrolladas por
autoridades, personal directivo o empleados de la Ciudad que pudieran ser
constitutivas de fraude o corrupción.
La Oficina estará integrada
en la Presidencia de la Ciudad, no tendrá personalidad jurídica independiente
ni participará de la estructura jerárquica de la Ciudad. En el ejercicio de sus
funciones actuará con plena independencia y objetividad, velando por el interés
general y observando neutralidad política sin recibir instrucciones de ningún
órgano o autoridad.
La Oficina se regirá por el
presente Decreto, el Reglamento que apruebe su organización y funcionamiento y
por las demás disposiciones que le resulten de aplicación de conformidad con el
régimen jurídico aplicable a la Ciudad Autónoma de Melilla.
SEGUNDO.- Funciones
Corresponde a la Oficina de
Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla:
a)
Inspeccionar y comprobar los posibles casos de uso o destino irregular
de fondos públicos, así como las conductas contrarias a los principios de
objetividad, integridad e independencia.
b)
Inspeccionar y comprobar los posibles casos de fraude o de cualquier
aprovechamiento irregular derivado de actuaciones que afectan a la probidad
administrativa, a la confianza pública y al buen funcionamiento del sector
público de la Administración de la Ciudad.
c)
Inspeccionar y comprobar el cumplimiento de las reglas relativas a
conflictos de intereses.
d)
Analizar las resoluciones judiciales que hayan declarado probadas
conductas ilícitas en el ámbito de la Administración de la Ciudad o en su
relación con otras instituciones de carácter público o privado.
e)
Desarrollar actuaciones de prevención del fraude y la corrupción en el
Gobierno y la Administración de la Ciudad.
f)
Realizar estudios sobre los hechos y actuaciones que puedan favorecer la
corrupción y el fraude, así como analizar sus causas e identificar los sectores
con mayor vulnerabilidad y las medidas para rebajarla.
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g)
Impulsar la elaboración de códigos éticos y de buenas prácticas como
instrumentos que permitan incrementar los niveles de transparencia en la
gestión pública, potenciar el comportamiento ético de los empleados públicos y
mejorar las relaciones de confianza entre la Administración de la Ciudad y los
ciudadanos.
h)
Colaborar en el diseño de los programas de prevención y control del
fraude y de la corrupción dentro del ámbito de la Ciudad.
i)
Colaborar en el diseño de los programas de formación del personal al
servicio de la Administración de la Ciudad en materia de prevención y control
de fraude y la corrupción.
j)
Asesorar, informar, formular propuestas y recomendaciones en las
materias de su competencia a los distintos órganos de gobierno y administración
de la Ciudad.
k)
Comunicar a la autoridad judicial o al ministerio fiscal, así como al
Tribunal de Cuentas el resultado de las investigaciones, cuando sea procedente.
l)
Elevar al Consejo de Gobierno, en los tres primeros meses de cada año,
una memoria anual de actividad.
Las funciones de la Oficina
se desarrollarán sin perjuicio de las que correspondan a la Intervención
General y a los restantes órganos de control de la Ciudad Autónoma de Melilla y
con pleno respeto a las competencias del Tribunal de Cuentas.
En particular, la Oficina no
desarrollará sus funciones respecto de aquellos hechos de los que pudiera
derivarse única y exclusivamente responsabilidad disciplinaria del personal al
servicio de la Administración, que serán remitidos a la Consejería competente
en materia disciplinaria.
La Oficina no podrá
desempeñar funciones que correspondan a la autoridad judicial, al Ministerio
Fiscal o a la policía judicial, ni podrá inspeccionar los mismos hechos que
sean objeto de averiguación o instrucción por aquellos mientras haya causa
judicial abierta. Si la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal inician un
procedimiento para determinar la naturaleza penal de unos hechos que a su vez
están siendo inspeccionados por la Oficina, ésta deberá suspender sus
actuaciones, trasladar toda la información a la autoridad competente y
prestarle su colaboración.
Las autoridades de la Ciudad
Autónoma de Melilla y sus entidades integrantes del sector público y quienes en
general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en ellas deberán
prestar a los empleados públicos de la Oficina el apoyo, concurso, auxilio y
colaboración que les sean precisos, facilitando la documentación e información
necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, toda persona
natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo
requerimiento de los empleados públicos de la Oficina, toda clase de datos,
informes o antecedentes, deducidos directamente de sus relaciones económicas,
profesionales o financieras con otras personas, con trascendencia para las
actuaciones que se desarrollen.
Para el desarrollo de sus
funciones, el Director de la Oficina y los Vocales podrán recabar directamente
de quien corresponda los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que
consideren necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el
ejercicio de sus funciones.
TERCERO.- Composición
La Oficina de Prevención y
Lucha contra el Fraude y la Corrupción estará integrada por los siguientes
órganos de carácter directivo:
a)
1 Director de la Oficina con rango orgánico asimilado al de Dirección
General.
b)
2 Vocales Asesores.
Los miembros deberán ser
funcionarios de carrera del Subgrupo A1 designados mediante un procedimiento,
que respetará en todo caso los principios de igualdad, mérito y capacidad, los
criterios de idoneidad y la debida publicidad y concurrencia en los términos
del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, así como el Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad, quedando durante el desempeño de sus cargos en la situación
administrativa de servicios especiales.
El mandato de los miembros
de la Oficina será por cuatro años, pudiéndose prorrogar por una sola vez y por
idéntico plazo.
Para garantizar su
independencia los miembros de la Oficina cesarán exclusivamente por alguna de
las siguientes causas:
a)
Renuncia.
b)
Expiración del plazo de su nombramiento.
c)
Muerte o incapacidad sobrevenida.
d)
Actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y
deberes del cargo.
e)
Haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.
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f)
Nombramiento para el desarrollo de cargos, profesiones o actividades
públicas incompatibles.
Los informes que en el
ejercicio de sus funciones emita la Oficina se aprobarán de forma colegiada por
el Director y los Vocales, teniendo el Director de la Oficina voto de calidad.
La Oficina contará con
personal de apoyo administrativo, funcionarios de carrera de los Subgrupos
C1/C2, cuyos puestos de trabajo serán cubiertos mediante concurso de méritos.
CUARTO.- Modificación del Decreto de competencias y de la Plantilla de
Alta Administración
Se procederá a la
modificación del Decreto de Distribución de competencias entre las Consejerías,
de 19 de diciembre de 2019, en lo que afecte a las modificaciones organizativas
de la Presidencia.
La creación de los puestos
directos que conforman la Oficina deberá llevarse a cabo a través de la
correspondiente modificación de la Plantilla de Alta Administración de la
Ciudad siguiendo los trámites preceptivos.
QUINTO.- Publicación y entrada en vigor
Se acuerda la publicación
del presente Decreto en el Boletín Oficial de Melilla momento a partir del cual
surtirá efectos, para su conocimiento y efectos y difundir el contenido del
mismo, de conformidad con el principio de transparencia, mediante su
publicación actualizada y permanente en la sede electrónica, en cumplimiento de
lo que disponen los artículos 6.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público, artículo 72.5 del Reglamento de Gobierno y Administración y artículos
5 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a
la Información y Buen Gobierno en relación con el Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla.”
Contra
las disposiciones administrativas de carácter general dictadas por el Consejo
de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93.2 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extra. núm. 2, de 30 de enero de 2017) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre) no cabrá recurso en vía
administrativa.
En
todo caso, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala
de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación o notificación.
No
obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente
bajo su responsabilidad.
Lo
que se notifica o hace público para su conocimiento y efectos.
Melilla 8 de junio de 2021,
El Secretario Accidental del Consejo de Gobierno,
Antonio Jesús García Alemany