ARTÍCULO Nº 1090 (CVE: BOME-A-2021-1090) DESCARGAR ARTÍCULO

D I L I G E N C I A:

La Excma. Asamblea de Melilla en sesión resolutiva ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2021 adoptó el siguiente acuerdo:

PUNTO CUARTO.- DISOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE LAS CULTURAS.- La Comisión permanente de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad en sesión ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2021, conoció propuesta del asunto citado, y una vez sometida a votación tras las deliberaciones que constan en el acta, se aprobó por mayoría de 5 votos a favor (tres representantes del grupo Político Coalición por Melilla y dos del PSOE), 3 votos en contra de los representantes del grupo Partido Popular y una abstención del grupo Mixto.

En virtud de lo anterior se eleva propuesta al pleno de la Asamblea de aprobación del expediente de disolución del Instituto de las Culturas en los términos que constan en la parte dispositiva del acuerdo con el siguiente contenido literal:

“I.-. El Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla se creó en el año 2008 con el objetivo de investigar, estudiar, promocionar y difundir los valores intrínsecos de la pluralidad cultural melillense, como patrimonio común de Melilla y de España.

En BOME Núm,. 4930, de 15 de junio de 2012, se publicó íntegramente la modificación de los Estatutos del Instituto de las Culturas de Melilla, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, previa aprobación del Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 27 de abril de 2012, de conformidad con lo preceptuado en el art. 71.1 del Reglamento de la Asamblea.

Dichos Estatutos rigen su Naturaleza y Régimen Jurídico (Artículo 1); Sede (Artículo 2), Finalidades (Artículo 3); Duración (Artículo 4); Financiación (Artículo 5); Órganos de Gobierno y Administración (Artículo 6 al 17); Recursos económicos, patrimonio, control financiero, régimen de contrataciones y personal (Artículos 18 al 22); Modificación de Estatutos (Artículo 23); Disolución del Instituto (Artículo 24).

II.- Transcurridos trece años desde la puesta en marcha del organismo, y tal como señala el artículo 81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), tras la supervisión y seguimiento de la actividad del Instituto, existen fundadas razones para entender que no subsisten, en grado suficiente, los motivos que justificaron su creación, y que por lo tanto se entiende procedente su disolución.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes de los Estatutos del Organismo Público “Instituto de las Culturas”, éste se constituyó para investigar, estudiar, promocionar y difundir los valores intrínsecos de la pluralidad cultural melillense, como patrimonio común de Melilla y España.

El Instituto ha cumplido de modo notable estos objetivos a lo largo de su existencia, y además, conforme a los resultados de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, se encuentra en situación de equilibrio financiero y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El mantenimiento de una organización separada implica la existencia de unos órganos de gobierno diferenciados de los de la Ciudad ( Consejo Rector, Comisión Ejecutiva, Presidente, Vicepresidente, Director-Gerente) una contabilidad municipal separada, una contratación de todo tipo igualmente separada, un registro de documentos separados, etc, lo que puede resultar redundante, teniendo un carácter inflacionario sobre la organización propia de la Ciudad.

El Informe Técnico del Director General de Relaciones Interculturales en base al Informe de Jurídico de la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad argumenta la decisión de extinguirlos basándose en la causa f) del art. 96.1 Ley 40/2015: Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. Entre las causas de extinción de los Organismos públicos recogidos en Artículo 104 del Reglamento del Gobierno: b). Mediante Acuerdo de la Asamblea de la Ciudad de Melilla a propuesta del Consejo de Gobierno y previo informes de las Consejerías de adscripción del organismo público y la que ejerza las funciones de hacienda en los casos siguientes: 2. Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma.

sin la existencia de una separación formal artificiosa que duplicaba y complicaba su ejecución, prácticamente por las mismas personas, el que los medios comunes locales presten más eficaz y eficientemente, el asesoramiento en todas sus modalidades, el apoyo técnico, las funciones de planificación, programación y presupuestación, las relaciones con otras administraciones e instituciones, la organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, gestión de bienes inmuebles, sistemas de información y comunicación, contabilidad, intervención económico-financiera, tesorería, gestión financiera, publicaciones, contratación pública, etc.

Por todo lo cual, y no subsistiendo las razones que justificaron en su día la creación del Instituto de las Culturas procede acordar la gestión directa del servicio por la propia entidad local y la consiguiente disolución del citado organismo.

III.- Conforme al artículo 42.1 RSCL «para el establecimiento de la gestión directa de servicios que no tengan carácter económico, mercantil o industrial bastará el acuerdo de la Corporación en pleno».

Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad señala que “la gestión directa de los servicios de competencia de la Ciudad mediante las formas de organismos autónomos (...) se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en la normativa de aplicación a la Administración General del Estado, en cuanto les resultase de aplicación, con las especialidades previstas en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.”

Las normas contempladas en el Régimen Local son directamente aplicables a la Ciudad Autónoma de Melilla, ex artículo 30 del Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de la especialidades derivadas de la organización propia de la Ciudad, tal y como acertadamente recuerda el artículo 105.2 del Rgob: “el régimen jurídico de los Organismos autónomos será el establecido en su Acuerdo de creación, así como en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el presente Reglamento y demás normativa en lo que le resulte aplicable a la Ciudad Autónoma de Melilla, gozando para el desarrollo de sus competencias de las mismas potestades, prerrogativas y privilegios que la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

IV.- En cuanto al proceso de disolución y posterior extinción/liquidación además de lo expuesto, son escasas las normas específicas para los entes locales. Por ello habrá que acudir a la remisión que hace el artículo 85.bis.1 LBRL a los artículos 45 a 52 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), norma hoy derogada y que por tanto habrá de entenderse referida a los artículos 81 a 102 LRJSP, Ley 40/2015, en cuanto les resultase de aplicación, con las especialidades señaladas en dicho precepto, que nada dicen en cuanto a la disolución.

Así, el artículo 85 bis de la LRBRL recuerda que “su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local”, quien aprobará sus Estatutos, debiendo “ quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local”

En igual sentido el artículo 101.2 letra a) del Rgob ( “ Consejería de adscripción”). El artículo 30 del aún vigente, en parte, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales señala que “las Corporaciones locales tendrán plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia, tanto en el orden personal como en el económicoo en cualesquiera otros aspectos, con arreglo a la Ley de Régimen local y a sus Reglamentos y demás disposiciones de aplicación”.

Por otra parte, y en cuanto a las normas propias dictadas en el ejercicio de la potestad de autoorganización, el artículo 104 del Reglamento del Gobierno y de la Administración, en referencia a los supuestos de extinción que no vengan impuestos por norma con rango legal (por ejemplo, los supuestos de desequilibrio financiero) sino por decisión de la propia Administración matriz, dispone que su extinción se producirá “mediante Acuerdo de la Asamblea de la Ciudad de Melilla a propuesta del Consejo de Gobierno y previo informes de las Consejerías de adscripción del organismo público y la que ejerza las funciones de hacienda”, esto es, por Acuerdo del Pleno de la Asamblea, a propuesta del Consejo de Gobierno y previo informe de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad (dada la adscripción del Organismo Autónomo a esta Consejería, a tenor de lo señalado en el Decreto de Distribución de Competencias, BOME núm. 43 extraord. De 19 de diciembre de 2019), y previo informe de la Consejería de Hacienda y Presupuestos, en la actualidad.

El artículo 24 de los Estatutos del Instituto de las Culturas señala que, si bien tiene una duración indefinida, no obstante “ podrá ser disuelto por la Excma Asamblea de la Ciudad, a propuesta del Consejo Rector. Al disolverse el Instituto, los bienes que pudieran ser de su propiedad o estar adscritos al mismo pasarán a plena disponibilidad de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

de las AAPP, esto es, el procedimiento de disolución se iniciará de oficio por la Consejería a la que figure adscrito el ente, pudiendo ser instado “ a petición razonada de otros órganos”. El Acuerdo del Consejo Rector fue adoptado con fecha 4 de febrero de 2021, siendo del tenor literal siguiente: Considerado suficientemente debatido este punto se procede a la votación, quedando aprobada por mayoría la Disolución del Instituto de las Culturas.

V.- Conforme a lo indicado, a la vista del expediente elaborado, y al amparo de lo que se entiende de aplicación del artículo 96.1.g) LRJSP y concordantes, se acuerdan una serie de medidas para llevar a cabo el proceso y que abordan lo siguiente: la determinación cronológica y efectos de los diferentes hitos temporales; las declaraciones ope legis relativas a la sucesión universal y subrogación de la Ciudad; las previsiones necesarias sobre los órganos de gobierno, su cese y el nombramiento preceptivo de un órgano que dirija el proceso liquidador; las oportunas operaciones patrimoniales, presupuestarias y contables;las relativas a la incidencia del proceso sobre usuarios, contratistas y terceros en general estableciendo el régimen de comunicación al mismo del proceso; la ordenación del proceso de liquidación, extinción y su seguimiento y control político; las declaraciones correspondientes sobre normas y disposiciones afectadas para garantizar el normal funcionamiento del servicio; el impulso de las medidas y procedimientos derivados de la ejecución de este acuerdo, y, finalmente, el régimen de publicación y publicidad del acuerdo.

VI. Constan los previos informes de la Consejerías de adscripción del organismo público (Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad) y de la Consejería de Hacienda y Presupuestos, de fechas 30 de marzo, 16 de abril y 9 de junio de 2021, respectivamente. Constan los Informes preceptivos de la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad y de la Intervención.

VI.- El Pleno de la Asamblea tiene la atribución legal para adoptar este acuerdo conforme a lo dispuesto en los artículos 22.2.f) y 85.bis.1.a) LBRL, y artículo 104 del Reglamento del Gobierno y de la Administración.

En virtud de lo expuesto, se propone elevar al Pleno de la Asamblea el siguiente

ACUERDO:

Primero.- Con efectos 1 de enero de 2022, se modifica la forma de prestación de los servicios públicos relacionados con “investigación, estudio, promoción y difusión de los valores intrínsecos de la pluralidad cultural melillense como patrimonio común de Melilla y España” que pasará a realizarse en la modalidad establecida en el artículo 85.1.A).a) LBRL, esto es, por gestión directa por la propia Ciudad Autónoma, en función de las atribuciones señaladas en el Decreto de Distribución de Competencias entre las Consejerías y demás normas de desarrollo.

Segundo.- Se acuerda la disolución, con efectos el 31 de diciembre de 2021, del organismo autónomo local denominado «Instituto de las Culturas» dependiente de esta Ciudad, adscrito a la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, creado por acuerdo del Pleno de fecha 27 de abril de 2012, publicado junto con sus estatutos en el Boletín Oficial de la Ciudad n.º 4930.

Tercero.- En consecuencia con lo dispuesto en los apartados anteriores a partir del día 1 de enero de 2022, el Organismo Público “Instituto de las Culturas” entrará en fase de liquidación cesando en sus actividades ordinarias limitándose a realizar las tareas precisas para completar la misma, tras lo cual se producirá su extinción automática.

Cuarto.- Con efectos 31 de diciembre de 2021, cesará en sus funciones el Consejo Rector, la Comisión Ejecutiva, el Presidente y Vicepresidente , el Director-Gerente, y demás órganos propios del organismo público, siendo asumidas las mismas, a partir del día 1 de enero de 2022, por los órganos y personal propio de la Ciudad conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y sus propias normas y acuerdos organizativos.

En consecuencia, con efectos 31 de diciembre de 2021, cesarán en sus cargos todos los miembros del Consejo Rector, Presidente, Vicepresidente, Director- Gerente y demás titulares de los órganos propios del Instituto, designándose como órgano liquidador a la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, dada la adscripción del organismo a la Consejería de cita, al que se le atribuyen exclusivamente las facultades precisas para llevar el proceso de liquidación y extinción en el marco de las disposiciones legales vigentes, y sin perjuicio de la obligación de dar cuenta al Pleno de la Asamblea de la evolución y conclusión del citado proceso. Será responsabilidad del liquidador el cumplimiento de cuantas obligaciones, declaraciones y comunicaciones sean procedentes presentar ante cualesquiera organismos para llevar a efecto este acuerdo de cualquier naturaleza tales como las tributarias, laborales y de Seguridad Social, censales, estadísticas, procedimientos judiciales, y demás, y singularmente, las inscripciones que procedan en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

conveniados o concedidos al organismo público disuelto pasarán a titularidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionados por sus órganos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes y sus propias normas y actos organizativos.

Sexto.- Sin perjuicio de la referida sucesión universal y subrogación de la Ciudad Autónoma de Melilla en todas las relaciones jurídicas y acciones vigentes y en curso del organismo público disuelto, se declara expresamente que se mantendrán todas las relaciones contractuales que a la fecha de la efectividad de la disolución estuviesen vigentes, así como las relaciones jurídicas derivadas de los convenios suscritos con entidades públicas o privadas, así como los relacionados con proyectos subvencionados por otras entidades públicas o privadas. Asimismo, se declara la subsistencia sin más trámites, de todas las matriculaciones, abonos, alquileres vigentes a la fecha de efectividad de la disolución.

Séptimo.- La subrogación de la Ciudad Autónoma de Melilla, con indicación detallada de sus datos, se comunicará, antes de su efectividad, a todos los contratistas, así como a las contrapartes de convenios y subvenciones, y en general a cuantos terceros a los que sea preciso informar de la subrogación.

Octavo.- Desde el día 1 de enero de 2022, se producirá la consolidación contable entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Instituto de las Culturas disuelto, produciéndose los siguientes efectos:

a)            Queda extinguida la adscripción o cesión de bienes que la Ciudad hubiere realizado a favor del organismo público Instituto de las Culturas, realizando los asientos contables consecuencia de dicha extinción, llevándose a cabo la asunción por la Ciudad de todos aquellos bienes de propiedad del organismo y efectuándose su incorporación al Inventario municipal de bienes y derechos.

b)            Las cuentas bancarias existentes en las distintas entidades financieras y de caja del Instituto y sus respectivos saldos a 31 de diciembre de 2021, pasarán a la titularidad de la Ciudad, otorgándose al efecto la oportuna acta de arqueo. En el supuesto de que existan, se deberán contabilizar del mismo modo los avales depositados en favor del organismo así como los avales entregados por este.

c)             Las cuentas de deudores y acreedores presupuestarios que estén pendientes de cobro y pendientes de pago, tanto del ejercicio que se liquida como de ejercicios anteriores, se integrarán en las cuentas de pendientes de cobro y pendientes de pago de presupuestos cerrados en el presupuesto de la Ciudad.

d)            Se traspasarán los saldos deudores y acreedores de los conceptos no presupuestarios existentes a 31 de diciembre de 2021, a la contabilidad de la Ciudad.

e)            Los créditos y débitos existentes entre la Ciudad y el organismo público Instituto de las Culturas se extinguirán por confusión, al coincidir en una misma persona la naturaleza de acreedor y deudor, con las anotaciones contables correspondientes.

f)              En relación con el remanente de tesorería que arroje la liquidación del Presupuesto del organismo autónomo extinguido, la Ciudad adoptará las medidas que considere oportunas, esto es, utilizar o no el remanente de tesorería positivo para financiar modificaciones de crédito o, en su caso, financiar el remanente negativo en los términos previstos en la legislación reguladora de las haciendas locales, debiendo tomar en consideración, para ello, la situación financiera agregada de la Ciudad y del organismo extinguido. Igualmente, en su caso, se determinarán los saldos de los remanentes de créditos incorporables.

g)            En general, se procederá a la integración de la contabilidad del organismo en la de la Ciudad con efectos de 1 de enero de 2022.

Noveno.- Con efectos desde la disolución del organismo público quedan suprimidas las plazas vacantes previstas en la plantilla del organismo Instituto de las Culturas que será extinguido conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

Décimo.- Con efectos 1 de enero de 2022, las plazas de laboral fijo propio del organismocontratado por el citado ente en virtud del art. 22 de sus Estatutos-: (El Instituto podrá contratar personal propio...), así como las de funcionarios adscritos en el ente Instituto de las Culturas (personal que la adscriba temporalmente la Ciudad), quedan integradas en la de la Ciudad, en la forma que determine la Consejería competente en materia de personal. El personal laboral temporal propio del organismo pasa a prestar servicios en la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad con las mismas condiciones laborales ( art. 44 del ET).

Undécimo.- A partir del día 1 de enero de 2022, todas las referencias a Instituto de las Culturas en ordenanzas de cualquier clase, reglamentos, disposiciones de carácter general, circulares, instrucciones y órdenes de servicios y demás actos habrán de entenderse referidas a la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad o la que resultare competente en virtud de los Decretos de competencias vigentes.

Las atribuciones orgánicas corresponderán a los órganos de la Ciudad conforme a lo dispuesto en las disposiciones que les sean de aplicación.

Duodécimo.- Con efectos 1 de enero de 2022, se entenderá que la Ciudad Autónoma de Melilla se subroga en la titularidad de los ficheros de datos de carácter personal que hasta la fecha estaban declarados por el organismo público ante la Agencia Española de Protección de Datos, debiendo realizase las comunicaciones oportunas a dicho organismo, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la disposiciones vigentes, y en particular, para que los titulares de los datos correspondientes, puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la propia Ciudad. Asimismo, en su caso, se añadirán, modificarán o suprimirán los ficheros correspondientes para ajustarlos a la nueva organización del servicio.

Decimotercera.- Se encomienda a la Consejería competente en materia de personal y a la responsable de hacienda y presupuestos, como responsables de la formación del presupuesto y plantilla, la consideración de las medidas acordadas en este acuerdo para llevarlas a efecto en el presupuesto del ejercicio 2022, disponiendo en las bases de ejecución del mismo o en aquellos actos o disposiciones que procedan, cuantas previsiones sean convenientes o necesarias para ello.

Decimocuarta.- Este acto administrativo se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad y en la sede electrónica, notificándose personalmente a los miembros del Consejo Rector, Comisión Ejecutiva, Presidente, Vicepresidente, Director-Gerente y los demás titulares de los órganos de estos entes públicos, y a cuantos interesados directos aparezcan en el expediente, incluidos a los empleados públicos del organismo disuelto. Asimismo se cursarán todas comunicaciones previstas en este acuerdo.

Decimoquinta.- Se faculta a la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad para dictar cuantos actos, suscribir cuantos documentos y realizar cuantas acciones sean precisos para llevar a efecto los apartados anteriores de este acuerdo, impulsándose el procedimiento por el citado órgano en todos sus trámites no resolutorios y actos de mera tramitación, sin perjuicio del ejercicio de sus propias atribuciones legales. Se dará cuenta al Pleno de la ejecución del proceso de disolución, liquidación y extinción del organismo hasta su conclusión.

Decimosexta.- Este acto administrativo tiene carácter resolutorio y pone fin a la vía administrativa. Contra él se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del mismo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Alternativamente, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Pleno en el plazo de un mes contado a partir del siguiente a la publicación y en su caso, notificación, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y artículo 88 letra d) y 93 ambos del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad.

Asimismo se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime oportuno. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.”

Sometida a votación el expediente DE DISOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE LAS CULTURAS se aprueba por mayoría simple de conformidad con el artículo 58.1 del Reglamento de la Asamblea, con 12 votos a favor ( 7 Grupo CpM, 3 grupo PSOE, 1 Sr. de Castro –Grupo Mixto- y 1 Diputado no adscrito, Sr. Delgado Aboy), 10 votos en contra del grupo Partido Popular y 1 abstención del Sr. da Costa del Grupo Mixto.

De conformidad con los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre), y 93 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extra. núm. 2, de 30 de enero de 2017) y demás concordantes, contra el presente acuerdo del Pleno de la Asamblea de Melilla, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante la propia Asamblea de Melilla en el plazo de un mes a partir de su publicación o notificación, o bien, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa competente, en el plazo de dos meses desde la publicación o notificación.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se notifica o hace público para su conocimiento y efectos.

Melilla 12 de noviembre de 2021,

El Técnico de Administración General,

Antonio Jesús García Alemany