ARTÍCULO Nº 490 (CVE: BOME-A-2023-490) DESCARGAR ARTÍCULO

Dada cuenta del análisis efectuado por la Comisión de Estatutos de esta Corporación en relación con el proyecto de estatutos particulares del lltre. Colegio de Procuradores de Melilla que ha sido trasladado a este Consejo General en el trámite de revisión de la legalidad de su contenido, que compete a esta Corporación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.4 y 9.1 c) de la Ley de Colegios Profesionales y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación autonómica sobre colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, según recoge la Sentencia de fecha 15 de junio de 2015 dictada por el Tribunal Supremo, así como de la Sentencia de fecha 27 de marzo de 2017, igualmente del Tribunal Supremo, donde se afirma la competencia del Consejo General para aprobar los estatutos particulares de los colegios territoriales, como fase previa al control de legalidad autonómica.

Y en virtud de las facultades delegadas por el Pleno a favor del Comité Ejecutivo, conforme se establece en el artículo 23.3 apartado a) del Reglamento de Régimen Interior del Consejo General de Procuradores.

El Comité Ejecutivo reunido en sesión de fecha 23 de marzo de 2023, adoptó, por unanimidad, el siguiente

ACUERDO

"Aprobar la propuesta de modificación del Estatuto particular del lltre. Colegio de Procuradores de Melilla aprobado en Junta General Extraordinaria de fecha 13 de octubre de 2022, y Junta General Extraordinaria de 17 de febrero de 2023, para la adecuación integral de su contenido a la legalidad vigente.

Todo ello sin perjuicio de la continuación de la tramitación del proyecto, una vez finalizada la revisión en fase corporativa, en el marco de una segunda fase de calificación de legalidad por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente y posterior publicación en el Boletín Oficial que proceda, para su eficacia".

Lo que por indicación del Presidente traslado a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos, acompañando el presente acuerdo del texto normativo de carácter definitivo que ha resultado aprobado en la presente sesión, cuya copia quedará en los archivos de este Consejo General como cien-e del expediente tramitado para el control de legalidad.

Madrid, a 29 de marzo de 2023,

El Secretario,

Antonio M.ª Álvarez-Buylla Ballesteros

TÍTULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El objeto del presente Estatuto es regular la organización y funcionamiento del Ilustre Colegio de Procuradores de Melilla, que actúa al servicio del interés general de la sociedad y de los colegiados, mediante el ejercicio de las funciones y competencias que le son propias.

Artículo 2.- Naturaleza y personalidad.

1.        El ICP de Melilla es una corporación de derecho público constituida y reconocida con arreglo a la Ley e integrada por quienes ejercen la profesión de Procurador de los Tribunales.

2.      El Colegio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y funciones con CIF: Q-2963006-H.

3.      En su organización y funcionamiento goza de plena autonomía en el marco del presente Estatuto y bajo la garantía de los Tribunales de Justicia.

Artículo 3.- Ámbito territorial y sede.

1.       El ámbito territorial del ICP de Melilla se extiende a todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla constituyendo un único partido judicial.

2.      Tiene su sede actual en la ciudad de Melilla, en Plaza del Mar s/n, Torres V Centenario,  Torre Norte, planta 1°, sin perjuicio  de que el mismo  pueda constituirse y celebrar reuniones en otro lugar del ámbito territorial del Colegio.

Artículo 4.- Fines Esenciales.

Son fines esenciales del ICP de Melilla:

a)           Ordenar en el ámbito de su competencia, y de acuerdo con las leyes, el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales.

b)           Ostentar la representación institucional exclusiva de la procura en el ámbito territorial del colegio.

c)          Defender los intereses profesionales de los procuradores como cooperadores necesarios de la administración de justicia.

d)          Velar por la observancia de la deontología profesional y por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.

e)             Colaborar activamente en la obtención y acreditación de la capacitación profesional de los procuradores y promover la calidad de la actividad profesional de sus colegiados mediante la formación continuada y permanente.

f)              Colaborar, promover y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como el auxilio judicial, y prestar los servicios que las leyes procesales y orgánicas le encomienda.

g)             Colaborar con las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, de acuerdo con la ley y con los presentes estatutos.

Artículo 5.- Régimen Jurídico.

Se regirá por las disposiciones legales estatales o autonómicas que le afecten, por el Estatuto General de los Procuradores de España, por el presente Estatuto y, en su caso, por los reglamentos de régimen interior, así como por los acuerdos aprobados por los diferentes órganos corporativos en el ámbito sus respectivas competencias.

Artículo 6.- Relaciones con la Administración Pública.

1.             El ICP de Melilla se relacionará con la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, en todas las cuestiones relativas a los aspectos institucionales y corporativos y las cuestiones referentes al contenido de la profesión, a través de la Consejería competente por razón de la materia.

2.             El colegio podrá ejercer, además de sus funciones propias, las competencias administrativas que les atribuya la legislación básica estatal y autonómica.

3.             Asimismo, podrá suscribir con la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla convenios para la realización de actividades de interés común y especialmente la promoción de actuaciones orientadas a la defensa del interés público.

4.             El ICP de Melilla mantendrá relaciones y atenderá a las vinculaciones institucionales que le correspondan con la Administración General del Estado, las Administraciones Locales, y demás organismos e instituciones públicas.

TÍTULO II - DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I - RÉGIMEN DE COLEGIACIÓN

Artículo 7.- Obligatoriedad

1.             Para el ejercicio de la profesión de procurador, se requiere la incorporación a un Colegio de Procuradores, y así, se incorporarán al ICP de Melilla, los Procuradores que tengan su domicilio profesional único o principal en el ámbito territorial del Colegio.

2.             La incorporación al colegio habilita al Procurador para ejercer su profesión en todo el territorio español. El Colegio no podrá exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de su colegiación, comunicación ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exija habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

3.             En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al ICP de Melilla, en beneficio de los consumidores y usuarios, éste deberá utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, por el ICP de Melilla surtirán efectos en todo el territorio español, independientemente del Colegio en el que se encontrará colegiado el Procurador sancionado.

4.             La pertenencia al ICP de Melilla, no afectará a los derechos de sindicación y asociación constitucionalmente reconocidos.

Artículo 8.- Libertades de establecimiento y de prestación de servicios.

El ejercicio permanente en España de la profesión de procurador y la prestación ocasional de sus servicios con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la unión europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se regirá por lo dispuesto en su legislación específica.

Artículo 9.- Adquisición de la condición de colegiado.

1. Son condiciones necesarias para ingresar en el Colegio:

a)             Poseer el título universitario oficial de Licenciado o de Grado en Derecho.

b)    Poseer el título profesional  que habilita para el ejercicio de la profesión de Procurador de loa Tribunales con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Estado 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura. 

c)             No hallarse incapacitado o inhabilitado legalmente para el ejercicio de la profesión de procurador.

d)             No encontrarse suspendido en el ejercicio profesional por sanción colegial firme.

e)             Abonar la cuota colegial de ingreso.

f)              Cumplir los demás requisitos legalmente requeridos para el ejercicio en España de la profesión de procurador.

g)             No estar colegiado simultáneamente como ejerciente en un Colegio de Abogados.

2. Quienes están en posesión de la titulación requerida y cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán derecho a ser admitidos en el Colegio.

Artículo 10.- Procedimiento de incorporación.

1.             Será la Junta de Gobierno, la que, en el plazo de un mes, resolverá y notificará las solicitudes de colegiación recibidas, pudiendo denegarlas únicamente cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior. La junta podrá delegar en uno de sus miembros el ejercicio de esta competencia.

2.             La Junta de Gobierno podrá posponer su resolución, por periodo máximo de dos meses, al objeto de poder subsanar deficiencias u omisiones de la documentación presentada, o efectuar las comprobaciones pertinentes para verificar su autenticidad y suficiencia.

3.             La denegación de incorporación al Colegio deberá ser motivada y, podrá fundarse en el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el artículo anterior. Dicha denegación, podrá ser impugnada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España.

Artículo 11. Pérdida de la condición de colegiado.

1. Son causas para la pérdida de la condición de colegiado:

a)             La renuncia voluntaria.

b)             La no persistencia de las condiciones de incorporación recogidas en el art.9.

c)             La expulsión en virtud de sanción disciplinaria firme en vía administrativa.

d)             El impago de las contribuciones colegiales. 

e)             El fallecimiento.

2.             No procederá la baja por renuncia voluntaria del colegiado en el supuesto de que el procurador estuviera incurso en un procedimiento disciplinario, hasta su conclusión a resultas del mismo.

3.             En el supuesto previsto en la letra b) del apartado anterior, la Junta de Gobierno, constatadas las circunstancias determinantes de la eventual baja colegial, la pondrá de manifiesto al interesado y le concederá trámite de audiencia por periodo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo adoptará la correspondiente resolución, en el plazo máximo de un mes.

4.             En el caso descrito en la letra c), el procedimiento a seguir será el disciplinario, contemplado en el Capítulo V del Título III de este Estatuto.

5.             En el supuesto previsto la letra d) la Junta de Gobierno pondrá de manifiesto al interesado la situación de impago de la/s contribución/es de que se trate, y le concederá trámite de audiencia por periodo de 15 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, a la vista las alegaciones efectuadas, adoptará la correspondiente resolución en el plazo máximo de un mes. Acordada en su caso, la baja, la eventual reincorporación quedará condicionada al abono de las cantidades adeudadas, con el interés legal correspondiente y los gastos derivados.

6.             La resolución que determine la pérdida de la condición de colegiado, podrá ser impugnada ante el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España, en los términos previstos en artículo anterior para la denegación de acceso al Colegio.

Artículo 12. Suspensión de la condición de colegiado.

1. Son causas de suspensión de la condición de colegiado:

a)             La inhabilitación o incapacitación para el ejercicio profesional dispuesta por resolución judicial firme.

b)             La suspensión para el ejercicio profesional como consecuencia de sanción colegial firme.

2. La condición de colegiado suspenso se mantendrá en tanto subsista la causa determinante de la suspensión.

Artículo 13.  Tramitación electrónica y comunicaciones de las resoluciones de los procedimientos sobre colegiación.

1.             El Colegio dispondrá de los medios necesarios para tramitar los procedimientos de ingreso o baja colegial por vía electrónica, en base a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, así como en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

2.             El Colegio comunicará de inmediato las incorporaciones, bajas o suspensiones de colegiación, así como los cambios de domicilio profesional, al Consejo General Procuradores de España a efectos de su anotación en el registro central de colegiados, y a los Juzgados y Tribunales de su territorio.

Artículo 14. Colegiados ejercientes y no ejercientes.

1.             Los procuradores incorporados al ICP de Melilla, podrán tener la condición de ejercientes o de no ejercientes.

1.             Cada procurador ejerciente tendrá un número de colegiado, que deberá consignar en todos los documentos profesionales que suscriba, así como mencionar al Colegio al que pertenece.

2.             Podrán seguir perteneciendo al Colegio de Procuradores de Melilla con la condición de no ejercientes, los procuradores que cesen en el ejercicio efectivo de la profesión. Dicha condición también podrá adquirirse por quienes, no ejerciendo la profesión de procurador, decidan adscribirse voluntariamente al Colegio, en dicha condición de no ejerciente.

3.             Los Procuradores que hubieran pedido la baja por jubilación, podrán seguir colegiados como no ejercientes, pudiendo ser habilitados para continuar tramitando los procedimientos en los que hubiera intervenido, conforme a lo establecido en el art. 16.6 del Estatuto General de los Procuradores.

Artículo 15. La representación por procurador no ejerciente.

1.             El procurador no ejerciente que fuese parte de un proceso, podrá actuar por sí mismo ante el órgano judicial, sin necesidad de que otro procurador lo represente. El procurador no ejerciente podrá, también, desempeñar la representación procesal de su cónyuge o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

2.             Para que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, el procurador no ejerciente deberá solicitar y obtener la previa autorización de la Junta de Gobierno.  

3.             En todo caso, la referida representación procesal, debe tratarse y ceñirse a un proceso que se sustancie en el lugar de residencia del procurador no ejerciente.

CAPÍTULO II - DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 16. Principios generales.

1.             La incorporación al ICP de Melilla confiere los derechos y obligaciones recogidos en el presente Estatuto, en los Estatutos del Consejo General de los Procuradores de España, así́ como en las leyes generales.

2.             Todos los procuradores de los tribunales son iguales en los derechos y obligaciones reconocidos. Los actos o acuerdos colegiales que impliquen restricción indebida o discriminación de los derechos u obligaciones son nulos pleno derecho.

Artículo 17. Derechos de los colegiados.  

 Son derechos de los Procuradores colegiados:

a)             El desarrollo de su actividad con libertad e independencia con arreglo a la ley.

b)             La petición de amparo en su actuación profesional a los órganos corporativos para la protección de su independencia y de su libertad de ejercicio. A tal efecto, podrán pedir que se ponga en conocimiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial, jurisdiccionales o administrativos, la vulneración o desconocimiento de este derecho.

c)             La participación en el gobierno del Colegio, mediante la intervención y voto en las sesiones de la Junta General, la facultad de elegir y ser elegido para formar parte de los órganos de gobierno y el derecho a remover a los titulares de dichos órganos, mediante votación de censura, en los términos regulados en el presente Estatuto.

d)             La formulación de peticiones y la presentación de iniciativas, quejas y reclamaciones ante los órganos del Colegio, así como el derecho de recurso contra los acuerdos y resoluciones de aquellos.

e)             La obtención de información regular sobre el gobierno corporativo y la actividad de interés profesional, así́ como el examen de los documentos contables que reflejen la actividad económica del Colegio, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

f)              La obtención de información y, en su caso, la certificación de los documentos y actos colegiales que les afecten personalmente.

g)             La utilización de los servicios colegiales, en particular de formación y de capacitación profesional, en la forma y condiciones que se determinen.

h)             Ser mantenidos en el pleno disfrute de sus derechos colegiales hasta tanto no se produzca la suspensión o pérdida de su condición de colegiado.

i)              A ser sustituido en cualquier actuación profesional por otro procurador en ejercicio, o por su oficial habilitado, en las funciones que éstos puedan desempeñar.

j)              A la intervención del Colegio, para organizar la situación provocada por una causa de fuerza mayor, llegando a designarse sustituto al procurador, en caso de que fuera necesario.

k)             A asociarse con otros procuradores para el ejercicio de su actividad profesional.

l)              Al conocimiento del contenido de todos los acuerdos que adopte el ICP de Melilla, con las administraciones, organismos, y demás organizaciones, que afecten directamente a nuestra profesión.

m)            A consultar a la Junta de Gobierno, y obtener respuesta de ésta, sobre cualquier cuestión dudosa o hecho que afecte al ejercicio de la profesión.

n)             A publicitar sus servicios y despachos con sujeción a la legislación sobre publicidad.

ñ) Al uso de toga siempre que se encuentre ante Juzgado o Tribunal, en estrados.

o)             A la firma de cualquier tipo de documento, a los solos efectos de representación.

Artículo 18. Obligaciones de los colegiados.

 Los Procuradores colegiados están obligados a:

a)             Ejercer la profesión con rectitud y sentido ético, con observancia de la deontología profesional.

b)             Cumplir las obligaciones legales que le impongan las leyes orgánicas, procesales y sectoriales, en el desempeño de su profesión y, en particular, de colaboración y cooperación con los órganos jurisdiccionales, así́ como disponer de los medios y recursos adecuados y actualizados para ello.

c)             Acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el periodo hábil de actuaciones, para la realización de los actos de comunicaciones y demás actuaciones profesionales correspondientes.

d)             Conocer y cumplir, en el desempeño de la profesión, las disposiciones estatutarias, las normas deontológicas y las resoluciones dictadas por los órganos colegiales.

a)             Guardar el debido respeto a los titulares de los órganos colegiales, y en el ejercicio de su profesión a sus colegas, litigantes, letrados, jueces y magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, y demás miembros de los cuerpos de funcionarios al servicio de dicha administración.

b)             Comunicar al Colegio las circunstancias determinantes de su ejercicio profesional, así́ como sus modificaciones y los demás datos necesarios que se les requieran para el cumplimiento de las funciones colegiales de ordenación del ejercicio profesional.

c)             Mantener el secreto sobre los hechos o noticias de los que pueda tener conocimiento por razón de su actuación profesional.

d)             Observar las incompatibilidades y prohibiciones profesionales, en particular con el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado, en los términos precisados por el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las causas de abstención legalmente establecidas.

e)             Informar al cliente de sus actuaciones profesionales y rendir cuenta a éstos de los servicios prestados, con especificación de las cantidades percibidas de éste y precisión de los conceptos e importes exactos de los pagos realizados.

f)              Satisfacer puntualmente las contribuciones económicas del Colegio, y abonar, en su caso, los servicios colegiales de que haga uso, conforme a lo dispuesto en las normas estatutarias y en los acuerdos adoptados por los órganos colegiales para su aplicación.

g)             Actuar con lealtad y diligencia en el desempeño de los cargos colegiales para los que sea elegido o designado.

h)             Poner en conocimiento del Colegio cualquier acto que afecte a la independencia, libertad o dignidad de un procurador en el ejercicio de sus funciones.

i)              Acreditar haber formalizado el alta en la Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de España, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, o alternativamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).  

j)              Los colegiados que presten sus servicios en el Turno de Oficio y Justicia Gratuita, tienen la obligación de emplear el mismo celo y profesionalidad que en el de resto asuntos. En este caso, habrá de estarse a la regulación específica sobre Turno de Oficio y Justicia Gratuita aprobada reglamentariamente.

ñ) El procurador que cese en la representación, está obligado a devolver la documentación que obre en su poder, y a facilitar al nuevo procurador que se persone, la información que sea necesaria para continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal del poderdante.

k)             Ningún procurador, bajo ningún pretexto, podrá prestar su firma a persona alguna que, por sí misma, gestione negocios judiciales, ni podrá autorizar actuaciones ni escritos en asuntos que no le estén confiados, salvo en los casos de sustitución previstos en el presente Estatuto.

l)              Los procuradores no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas que cumplen los requisitos que se determinen reglamentariamente y que pueden constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos cuarenta y cinco días desde el hecho.

Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.

2. Estos deberes configuran el régimen necesario de la actuación profesional y corporativa del Procurador. Su observancia constituye el objeto propio de las potestades colegiales de control y disciplina reguladas en el presente Estatuto.

TÍTULO III - DEL COLEGIO

CAPÍTULO I - FUNCIONES

Sección 1ª. Funciones generales

Artículo 19. De las funciones del Colegio.

Para la consecución de los fines esenciales señalados en el artículo 4 del Estatuto, el ICP de Melilla ejercerá́, en su ámbito territorial, las funciones que le atribuyen la legislación estatal  sobre colegios profesionales, las leyes orgánicas, procesales y sectoriales, así́ como el presente Estatuto.

Artículo 20. De ordenación del ejercicio profesional.

Son funciones de ordenación del ejercicio profesional las siguientes:

a)             El registro de sus colegiados en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombres y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, fecha de alta, situación de habilitación profesional, domicilio profesional, dirección electrónica, números de teléfono y cualquier otro medio tecnológico de comunicación para su localización, manteniendo su actualización. 

El Colegio ofrecerá a los consumidores y usuarios acceso gratuito al registro de colegiados a través de su ventanilla única.

b)             El registro de las sociedades profesionales con domicilio social en el ámbito territorial del Colegio. El Colegio comunicará las inscripciones practicadas en su registro de sociedades, tanto al Consejo General de Procuradores, a efectos de su constancia en el Registro Central de Sociedades Profesionales.

c)             La vigilancia de la actividad profesional para que ésta se someta, en todo caso, a la ética y dignidad de la profesión y al debido respeto a los derechos de los ciudadanos.

d)             La observancia del cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio profesional, las normas estatutarias y corporativas, y demás resoluciones de los órganos colegiales.

e)             El ejercicio, en el orden profesional y colegial, de la potestad disciplinaria.

f)              La adopción, dentro del ámbito de su competencia, de las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y a evitar los actos de competencia desleal que se produzcan entre los colegiados o entre los mismos con terceros.

g)             Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los estatutos y reglamentos, así́ como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.

a)             Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados, así́ como sobre las sanciones firmes que les hubiera impuesto y las peticiones de comprobación, inspección o investigación sobre aquellos, que les formulen las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En particular, las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones deberán estar debidamente motivadas, debiéndose emplear la información obtenida únicamente para la finalidad solicitada.

Artículo 21. De representación y defensa de la profesión y sus colegiados.

 El Colegio ejercerá las siguientes funciones de representación y defensa de la profesión y de sus colegiados:

a)             Ejercer, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante las Administraciones públicas, los órganos jurisdiccionales y demás poderes públicos, así́ como ante cualesquiera instituciones, entidades y particulares.

b)             Defender y amparar a los colegiados en el ejercicio de su profesión, particularmente en la protección de su independencia y libertad de ejercicio.

c)             Actuar ante los juzgados y tribunales en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, con la legitimación que la ley les otorga, y hacerlo en representación o en sustitución procesal de sus miembros.

d)             Intervenir en los procedimientos, administrativos o judiciales, en que se discutan cualesquiera cuestiones profesionales, cuando sean requeridos para ello o cuando se prevea su participación con arreglo a la legislación vigente.

e)             Participar en la elaboración de los planes de estudio y mantener permanente contacto con los centros docentes correspondientes, en los términos que determine la legislación sectorial.

f)              Participar en los consejos, organismos consultivos, comisiones, tribunales y órganos análogos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla cuando la misma lo requiera o así́ se establezca en la normativa vigente, así́ como en los de las organizaciones, nacionales o internacionales, cuando sea requerido para ello.

g)             Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por las Administraciones públicas y colaborar con ellas mediante la realización de estudios, la emisión de informes y dictámenes, la elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que pueden serles solicitadas o acuerde formular por iniciativa propia.

h)             Organizar un servicio de atención de quejas o reclamaciones presentadas por sus colegiados.

i)              Organizar actividades y servicios de interés para los colegiados de índole profesional, formativa, cultural, medico-profesional, y otros análogos, o la colaboración, en su caso, con instituciones de este carácter, así́ como para la cobertura de responsabilidades civiles contraídas por los profesionales en el desempeño de su actividad.

j)              Desarrollar cuantas otras funciones y servicios redunden en beneficio de los intereses profesionales de los colegiados.

Artículo 22. Del arbitraje y mediación institucionales.

El ICP de Melilla impulsará la mediación y arbitraje entre sus colegiados, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 23. Servicio de atención a consumidores y usuarios.

1.             El ICP de Melilla velará por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.

2.             A estos efectos, dispondrá de un servicio de atención a aquellos, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus colegiados, así́ como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.

3.             Las quejas y reclamaciones podrán presentarse por vía electrónica y a distancia. El Colegio resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión según corresponda. Las decisiones siempre serán motivadas.

Artículo 24. Ventanilla única.

1. El ICP de Melilla dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. A través de esta ventanilla única, los profesionales podrán, de forma gratuita:

a)             Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.

b)             Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.

c)             Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.

d)             Ser convocados a las Junta Generales ordinarias y extraordinarias y conocer la actividad pública y privada del Colegio.

2.             A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:

a)     El acceso al registro de colegiados y al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

b)     Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el Colegio profesional.

c)     Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

d)             El contenido del Código Deontológico.

3.             El Colegio deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar para ello las tecnologías precisas y crear y mantener plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Artículo 25. De las formas de ejercicio profesional y del control del ejercicio societario.

1. Formas de ejercicio profesional. Libertas y límites.

a)     Los Procuradores podrán ejercer su profesión individual o colectivamente con otros profesionales de la misma o distinta profesión.

b)     Tanto en el supuesto de ejercicio individual como colectivo se podrá actuar en forma societaria. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo dispuesto en la Leyes.

c)             Exclusivamente podrán prestar servicios jurídicos integrales de defensa y representación, en los términos legalmente previstos, las sociedades multidisciplinares cuyo objeto social consista en la prestación de servicios profesionales de la Abogacía y la Procura de los Tribunales.

2. Sociedades profesionales para el ejercicio de la Procura.

a)             La sociedades profesionales que se constituya para el ejercicio de las actividades profesionales de la Procura se regirán por lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

b)             Las sociedades profesionales se inscribirán obligatoriamente en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de Procuradores sonde radique su domicilio social. La inscripción en el Registro determina su incorporación al mismo y la sujeción a las competencias que la legislación sobre colegios profesionales atribuye al Colegio sobre los profesionales incorporados al mismo.

c)             Las sociedades multidisciplinares cuyo objeto social consista en la prestación de servicios profesionales de la Abogacía y la Procura de los Tribunales se inscribirán en los Registros de Sociedades Profesionales de los correspondientes Colegios de bogados y de Procuradores quedando sometidas a las competencias de cada corporación según la actividad profesional desempeñada en cada caso.

d)             De las inscripciones efectuadas en el Registro del ICP de Melilla se informará para su inscripción en el Registro Central a cargo del Consejo General de Procuradores.

Sección 2ª. Funciones de servicio y colaboración con la administración de justicia.

Artículo 26. Servicio de recepción de notificaciones y traslado de copias y documentos.

El ICP de Melilla organizará un servicio de recepción de traslados de copias y documentos de conformidad con lo dispuesto en las leyes orgánicas y procesales.

Artículo 27. Servicio de representación jurídica gratuita.

1.             El ICP de Melilla organizará un servicio de representación gratuita que atienda las peticiones de representación procesal derivadas del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

2.             La adscripción al servicio tendrá carácter voluntario, aunque el Colegio establecerá sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales, que impidan que el servicio quede desprovisto del número de colegiados necesarios para su adecuado funcionamiento.

La designación realizada por el Colegio será de aceptación obligatoria para todos los procuradores, salvo las excepciones previstas reglamentariamente.

3.             La Junta de Gobierno, en ejercicio de las funciones que le otorga el art. 22 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, podrá establecer la obligatoriedad de la adscripción de los procuradores al servicio, cuando el número de inscritos en el mismo no permita garantizar su prestación, bajo un régimen de continuidad, igualdad, neutralidad y calidad necesarias para la adecuada satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva.

4.             En caso de establecerse la obligatoriedad, la Junta de Gobierno, mediante acuerdo motivado, podrá suspenderla de forma excepcional, para casos debidamente justificados por razones graves de carácter personal o profesional. Los miembros de la Junta de Gobierno que así́ lo soliciten, podrán ser dispensados de esa obligatoriedad, en atención al cumplimento de los deberes inherentes al cargo.

5.             Los procuradores adscritos al servicio deberán cumplir las condiciones mínimas de formación y especialización necesarias que reglamentariamente se determinen con objeto de asegurar la calidad y competencia profesional.

6.             La regulación concreta y detallada de la Asistencia Justicia Gratuita, se encuentra enmarcada en el Reglamento interno que regula la materia.

7.             El procurador, que estando de alta en el servicio de representación de Justicia Gratuita, solicite la baja voluntaria en el Colegio o su conversión en colegiado no ejerciente, estará obligado a aportar al colegio un listado de todos aquellos procedimientos que mantiene activos, habiendo sido designado a través de dicho Turno, y que ya hubiera justificado y le hayan sido abonados.

La no aportación del referido listado, implicará resolución de la Junta de Gobierno, requiriendo al procurador para su subsanación, bajo apercibimiento de denegar la solicitud del mismo.

Artículo 28. Servicio de turno de oficio.

1.             El ICP de Melilla, organizará un servicio de turno de oficio para garantizar la representación procesal de los justiciables al amparo de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales.

2.             El Colegio designará procurador, por turno de oficio, cuando, siendo su intervención preceptiva o no, el órgano jurisdiccional ordene que la parte sea representada por procurador. Asimismo, efectuará la designación a instancia del interesado. El representado vendrá obligado al pago de los derechos y suplidos del procurador por la prestación de los servicios profesionales, mediante carta de compromiso debidamente firmada.

3.             La designación realizada por el Colegio es de aceptación obligatoria para los procuradores adscritos a este servicio, salvo en determinados supuestos excepcionales. A este efecto, el Colegio adoptará las mismas fórmulas que para el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, garantizando con ello que quede provisto del número de profesionales necesarios para su adecuado funcionamiento.

4.             Al igual que en el Artículo anterior, esta materia viene desarrollada y regulada a través de Reglamento interno al efecto.

Artículo 29. Servicios de depósitos de bienes embargados y designación como entidad especializada en la realización de bienes.

El ICP de Melilla podrá constituir y organizar servicios de depósitos de bienes embargados, que deberán ser adecuados para asumir las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario. También podrá constituirse y ser designado como entidad especializada en la realización de bienes, así́ como organizar un servicio de valoración de bienes embargados, si a los fines del mismo suscribiese el convenio preceptivo con el organismo pertinente.

Artículo 30. Entidad especializada para la subasta de bienes.

El ICP de Melilla, según lo ordenado en el Art. 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá, con carácter de entidad especializada, proceder a la subasta y venta directa de bienes.

Artículo 31. Servicio Común de Actos de Comunicación.

El ICP de Melilla podrá organizar un Servicio Común de Actos de Comunicación realizados por procuradores según las necesidades del servicio cuando excepcionalmente los medios telemáticos existentes resulten por incidencias no operativos por causas ajenas al ICP de Melilla, al objeto de poder cubrir el servicio a los colegiados de forma puntual.

Sección 3ª. De la calidad de la práctica profesional

Artículo 32. Participación en la capacitación profesional.

El ICP de Melilla intervendrá en el proceso de capacitación profesional conducente a la obtención del título profesional que habilita para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales en los términos previstos en la legislación sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales en los términos previstos en la legislación sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura y su desarrollo reglamentario.

Artículo 33. Régimen de los tutores.

Las condiciones que deben satisfacer los procuradores que aspiren a desempeñar las funciones de tutor de las practicas externas en actividades propias del ejercicio de la profesión de Procurador, así́ como el procedimiento de selección de los mismos, serán los determinados en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, que regulará asimismo los derechos y obligaciones de los mismos.

Artículo 34.  Formación continuada.

El Colegio promoverá la formación profesional permanente de los Procuradores y velará por la efectividad de deber a la misma. Los procuradores están obligados a mantener un nivel adecuado y actualizado de los conocimientos requeridos para el desempeño de su profesión.

CAPITULO II – ORGANIZACIÓN

Sección 1ª. Disposiciones generales.

Artículo 35. Organización básica.

1. Son órganos esenciales del ICP De Melilla:

a)             La Junta General.

b)             La Junta de Gobierno.

c)             El Decano.

2.     La Junta de Gobierno, podrá crear otros órganos colegiales y desarrollar las previsiones organizativas del presente Estatuto.

3.             Todos los órganos colegiados del ICP de Melilla se podrán convocar, constituir, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público y en su caso en los términos que se establezcan por su Reglamento de Régimen Interior.

Sección 2ª.  Junta General.

Artículo 36. De la Junta General y sus competencias.

1. La Junta General es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio y se constituye por todos los colegiados en pleno ejercicio de sus derechos.

2.Son competencias propias y exclusivas de la Junta General:

a)    Aprobar el Estatuto, el Reglamento de Régimen Interior, y el Código Deontológico del Colegio, así como sus modificaciones, sin perjuicio de la facultad de a junta de Gobierno para dictar las correspondientes normativas de desarrollo.

b)    Conocer y sancionar la Memoria Anual del Colegio que tendrá el contenido que se describe en el artículo 11 LCP.

c)    Aprobar los presupuestos del Colegio y fijar el importe de las contribuciones colegiales.

d)    Aprobar definitivamente a liquidación de los presupuestos y las cuentas de gastos e ingresos de cada ejercicio vencido.

e)    Autorizar los actos de disposición de los bienes patrimoniales que figuren inventariados como de considerable valor.

f)     Proceder a la elección del Decano y los miembros de la Junta de Gobierno, de acuerdo con el procedimiento determinado e el presente Estatuto.

g)    Controlar la gestión del Decano y de la Junta de Gobierno, recabando informes y adoptando, en su caso, las oportunas mociones, incluso la de censura con carácter revocatorio mediante el procedimiento fijado estatutariamente.

3. La Junta General también podrá conocer de cuentos otros asuntos le someta la Junta de Gobierno y de los demás en el previstos en el presente Estatuto.

Artículo 37. Juntas Generales ordinarias y extraordinarias.

1. La Junta General puede celebrar sesiones con carácter ordinario o extraordinario.

2.  En el primero y en el último trimestre del año natural se celebrarán sesiones de la Junta General, que tendrá carácter ordinario. La primera de ellas conocerá necesariamente de los asuntos descritos en las letras b) y d) del apartado segundo de artículo anterior, y la segunda del relacionado en la letra c) del mismo apartado y articulo.

3.             Podrán celebrarse también sesiones extraordinarias, para conocer de los asuntos propios de la convocatoria, cuando lo acuerde la Junta de Gobierno, por propia iniciativa, a instancia del Decano o por solicitud de, al menos la tercer aparte de los colegiados.

4.             Las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias, se podrán convocar, constituir, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.

En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure que por medios electrónicos la identidad de los miembros; el contenido de sus manifestaciones; el momento en que esas se producen; la interactividad e intercomunicación entre sus miembros en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.

Los miembros que participen a distancia tendrán a todos los efectos la consideración de asistentes y en particular a los efectos de determinación del quórum requerido para la válida constitución del órgano colegiado y el régimen de mayorías en la adopción de acuerdos.

En todo caso, estas previsiones podrán ser desarrolladas por el Reglamento del Régimen Interior del Colegio de Procuradores.

Artículo 38. Proposiciones de los colegiados.

Hasta cinco días antes de la Junta General ordinaria, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a deliberación y acuerdo de la junta general. Serán incluidas en el orden del día para ser tratadas en el apartado denominado proposicionales cuando se presenten suscritas por un mínimo del diez por ciento del censo de colegiados.

Artículo 39 Convocatoria.

1.     La Junta de Gobierno convocará las sesiones de la Junta General con quince días de antelación, que en los casos de urgencia, debidamente justificada, podrá reducirse a diez.

2.     La convocatoria se publicitará en la página web del Colegio, y por medio de circular que habrá de remitirse a cada colegiado mediante su depósito en los correspondientes cajetines de notificaciones o por medio electrónico cuando el colegiado haya señalado dicho medio como referente o consentido su utilización.

3.             En la misma convocatoria se habrá de precisar el lugar, día y hora de celebración y si la misma se celebra de forma presencial o a distancia. La convocatoria incluirá el orden del día e irá acompañada, cuando sea necesario, de la documentación correspondiente a los temas a debatir. Los colegiados, en todo caso, podrán ejercer su derecho a la obtención de información sobre los asuntos del orden del día.

 Artículo 40. Celebración de las sesiones.

1.     Las sesiones de la Junta General se celebrarán en el lugar, día y hora señalados en la primero o, si procediera, en la segunda convocatoria. En primera convocatoria se exigirá la concurrencia de la mitad más uno de los colegiados ejercientes.

2.     Las sesiones estarán presididas y dirigidas por el Decano del Colegio, en su defecto, por quien legamente lo sustituya.

3.     Abierta la sesión, se procederá a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior y se debatirán a continuación los asuntos incluidos en el orden del día definitivo.

4.             Si reunida la Junta General no pudiera en una sesión tratar los asuntos para los que hubiera sido convocada, por falta de tiempo o por cualquier otro motivo, se suspenderá y continuará el día o días que en la misma se señalen o, en su defecto, en los que designe la Junta de Gobierno.

Artículo 41. Ordenación del debate.

1.     El presidente moderará el debate y concederá el turno de palabra según usos democráticos.

2.     El que se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido, sino para ser llamado al orden por el presidente, por hallarse fuera de la cuestión, o por otro motivo justificado, a juicio de la presidencia.

3.     Se retirará el uso de la palabra al que, dentro de la misma cuestión, hubiese sido llamado en tres ocasiones al orden.

4.             Si algún colegiado continuase faltando al orden después de que se  retirara el uso de la palabra, el presidente podrá tomar las decisiones que crea convenientes, incluida la de expulsión del local donde la junta se celebre.

Artículo 42. Adopción de acuerdos.  

1.             Las votaciones podrán ser ordinarias o secretas. La presidencia de la Junta general decidirá la modalidad de votación a emplear. La votación secreta se efectuará mediante papeletas que deberán depositarse en urna.

2.             Como regla general, los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los votos emitidos. No obstante, la adopción de acuerdos relativos a la moción de censura y disolución del Colegio exigirá la concurrencia de los quórum de asistencia y de votación especialmente previstos en estos Estatutos. El voto de los ejercientes tiene valor doble que el de los no ejercientes.

3.             El voto deberá ser ejercido personalmente, sin que se admitan los votos por escrito de los colegiados no asistentes, ni el voto por delegación.

4.             En caso de empate, el Decano a quien legalmente le sustituya tiene voto de calidad.

5.             No podrá adoptarse acuerdos sobre asuntos que no figuren en el orden del día.

6.             Si la reunión se celebra a distancia, sus miembros ejercitarán en tiempo real el voto que les corresponda. El Presidente ordenará iniciar la votación durante la reunión y recopilase las respuestas de sus asistentes. Los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar en el que se ubique la sede colegial.

Artículo 43. Aprobación de actas.

Los acuerdos adoptados en la Junta General se harán constar en acta que confeccionará el Secretario del Colegio y que será autorizada por él mismo y por el Decano. Las actas se transcribirán a un libro foliado y debidamente legalizado o incorporadas a un soporte informático. El acta deberá ser ratificada en la siguiente sesión de la Junta General.

Artículo 44. La Moción de Censura.  

1.             La moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros, deberá sustanciarse siempre en Junta General extraordinaria, convocada a ese solo efecto.

1.             La solicitud de esa convocatoria de Junta General Extraordinaria deberá ser suscrita, como mínimo, por un tercio de los colegiados ejercientes y expresará, con claridad, las razones en que se funde.

2.             La Junta General Extraordinaria a que se hace referencia en este artículo, deberá celebrarse dentro de los treinta días hábiles, contados desde que se hubiera presentado la solicitud y no podrán debatirse en la misma otros asuntos que los expresados en la convocatoria.

3.             Hasta transcurrido un año, no podrá volver a plantearse otra moción de censura.

4.             La válida constitución de dicha Junta General Extraordinaria requerirá la concurrencia personal de más de la mitad del censo colegial con derecho a voto y el voto será siempre, en esta Junta, personal, directo y secreto.

5.             Para que prospere la moción de censura será necesario el voto positivo de dos tercios de los concurrentes.

6.             Si prosperase la moción de censura, los colegiados afectados cesarán de inmediato en sus cargos, cubriéndose las vacantes según lo prevenido en el artículo 63 del presente Estatuto.

Articulo 45. Cuestión de confianza.

La Junta de Gobierno podrá acordar la convocatoria de la Junta General extraordinaria al exclusivo objeto de plantear la cuestión de confianza sobre su programa, o sobre una declaración de política gestora en particular. Si a confianza no se otorga por acuerdo válido de la Junta General, se entenderán cesados de inmediato todos los cargos y se procederá la convocatoria de elecciones conforme a lo dispuesto en este Estatuto.

Sección 3ª. La Junta de Gobierno.

Artículo 46. De la Junta de Gobierno.

1.             La Junta de Gobierno es el órgano de administración y dirección del Colegio.

2.             La Junta de Gobierno será un órgano colegiado y estará compuesta, al menos, por los siguientes miembros:

a)             Un Decano

b)             Un Vicedecano

c)             Un Secretario

d)    Un Vicesecretario

e)             Un Tesorero

3.   Los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno son gratuitos y honoríficos y su duración de cuatro años.

Artículo 47. Competencias.

La Junta de Gobierno ejerce las competencias no reservadas a la Junta General, ni las asignadas específicamente a otros órganos colegiales. Además, y con carácter particular, ejercerá́ las siguientes funciones:

1.º Con relación a los colegiados y a los órganos colegiales:

a)             Resolver sobre las solicitudes de colegiación, así́ como sobre la perdida y suspensión de la condición de colegiado, pudiendo delegar esta facultad en alguno de sus miembros.

b)             Acordar la inscripción de sociedades profesionales en el registro colegial de sociedades.

c)             Organizar y gestionar los turnos de oficio y justicia gratuita, así́ como distribuir los turnos en las causas de los litigantes de justicia gratuita o de quienes sin gozar de aquel beneficio soliciten la designación de procurador de oficio.

d)             Organizar y gestionar los servicios de notificaciones, traslados de escritos, depósitos y realización de bienes, actos de comunicación y cuantos otros servicios le encomienden las leyes procesales y orgánicas.

e)             Ejercer las funciones colegiales de control de la actividad profesional.

f)              Proponer a la Junta General la aprobación o la modificación del Estatuto, de Reglamento de Régimen Interior de cualquier índole, o de cualesquiera otros referidos a la organización y funcionamiento del Colegio.

g)             La aprobación de la Memoria Anual, con el contenido prescrito en el art. 11 de la LCP, y darle publicidad a través de la página web del Colegio, una vez aprobada por la Junta General.

h)             Convocar la elección de los miembros de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

i)              Conocer de los recursos que se interpongan contra los acuerdos colegiales en el supuesto descrito en el artículo 77 del presente Estatuto.

j)              Ejercer la potestad sancionadora de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V del Título III.

k)             Velar por el cumplimiento de la normativa, legal y colegial, y de los acuerdos adoptados por el Colegio.

l)              Coordinar el funcionamiento de toda la actividad y organización del Colegio.

m)            Impedir y perseguir ante los tribunales de justicia el intrusismo y el ejercicio profesional con incumplimiento de sus normas reguladoras.

n)             Organizar la enseñanza de formación, actualización y especialización.

ñ) Cuidar de las publicaciones, así́ como de la actividad promocional del Colegio.

o)             Aprobar las bases de los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados del Colegio y proceder a su contratación.

p)             Resolver las quejas o reclamaciones de los usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.

q)             Organizar y gestionar el servicio de atención a los colegiados.

r)              Implantar y organizar nuevos servicios colegiales, vigilando, programando y controlando los existentes.

s)             Acordar la concesión de honores y distinciones.

t)              Acordar la realización de auditorías de las cuentas o de la gestión.

u)             Garantizar la transparencia y buen gobierno del Colegio.

v)             La creación, modificación, extinción y aprobación de las normas de funcionamiento de las comisiones especializadas sobre determinadas materias, reguladoras de sus atribuciones.

a)             Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa reguladora del Estatuto de la Victima, recogida en la Ley 4/2015, de 27 de abril.

b)    Velar por el cumplimiento de la obligación de notificarse que tienen los colegiados, tanto si pertenecen al ICP de Melilla, como si pertenecen a Colegio distinto, en los términos establecidos en la LEC.

2.º Con relación a la actividad externa:

a)             Defender y amparar a los procuradores cuando considere que son perturbados o perseguidos injustamente en el desempeño de sus funciones profesionales por cualesquiera otras personas, entidades y/ otros profesionales.

b)             Emitir dictámenes, informes y evacuar consultas, cuando los órganos judiciales, entidades públicas o privadas, usuarios o consumidores requieran actuaciones del Colegio.

c)             Realizar y promover en nombre del Colegio cuantas mejoras se estimen convenientes al progreso y a los intereses de la Procura y del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

d)             Designar a los representantes del Colegio en los tribunales, jurados, y comisiones cuando fuera requerida la participación del Colegio.

e)             Emitir los comunicados que expresen la opinión del Colegio ante hechos o acontecimientos relevantes para la profesión.

f)              Cuidar de que se celebre anualmente la fiesta colegial o comida de hermandad.

3.º Con relación al régimen económico:

a)             Recaudar el importe de las contribuciones colegiales establecidas para el sostenimiento de las cargas del Colegio, así́ como de los demás recursos económicos previstos, distribuir y administrar el patrimonio del Colegio.

b)             Determinar la estructura económica del Colegio, de sus presupuestos y del inventario de sus bienes.

c)             Elaborar y someter a la Junta General el proyecto anual de presupuestos.

d)             Cerrar y someter a la aprobación de la Junta General la liquidación del presupuesto y las cuentas de ingresos y gastos.

e)   Proponer a la Junta General el importe de las contribuciones colegiales y el establecimiento de las cuotas extraordinarias o derramas colegiales.

Artículo 48. Régimen de funcionamiento.

1.             La Junta de Gobierno se reunirá, al menos, una vez al mes, salvo causa que lo justifique, previa convocatoria del Decano cursada con la antelación necesaria para que se halle en poder de sus componentes, con un mínimo de cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la sesión, salvo que razones de urgencia justifiquen la convocatoria con menor antelación.

Igualmente, la Junta de Gobierno, se reunirá también a petición del 20 por ciento de sus componentes.

2.             En la convocatoria se expresará el lugar, día y hora en que deba celebrarse la sesión y el orden del día.

3.             Para la válida constitución de la Junta de Gobierno se requerirá la presencia del Decano y del Secretario o de quienes les sustituyan, y de, al menos, la mitad de sus componentes. Podrán utilizarse medios electrónicos o telemáticos por quienes no puedan asistir personalmente a las reuniones.

4.             Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Decano ostenta voto de calidad.

5.             No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

6.             Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán la obligación de asistir a todas las sesiones de la misma, a las que sean convocados, así́ como de guardar secreto sobre todos los asuntos que sean tratados en sus sesiones.

En cualquier caso, se podrá ser dispensado de asistencia bajo causa justificada.

Artículo 49. El Decano.

El Decano es el Presidente del Colegio y de su Junta de Gobierno, y como tal, se le deben consideración y respeto. Son atribuciones del Decano:

a)             La representación legal del Colegio en todas sus relaciones, incluidas las que mantenga con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personalidades de cualquier orden.

b)             Las funciones de consejo, vigilancia y corrección de los Colegiados, quedando facultado para ordenar, en su caso, la apertura de Diligencias Informativas, sobre las que resolverá la Junta de Gobierno. Vigilará, asimismo, por la dignidad y reputación de la profesión.

c)             La presidencia de todos los órganos colegiales, así como la de cuantas comisiones y comités especiales a las que asista.

d)             La dirección de los debates y votaciones de esos órganos, comisiones y comités, con voto de calidad en caso de empate.

e)             La expedición de las órdenes de pago y libramientos para atender los gastos e inversiones colegiales y la propuesta de los procuradores que deban formar parte de tribunales de oposiciones o concursos.

f)              Delegar su representación, cuando no sea de su exclusiva competencia, en cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

g)    Ejecutar los acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno.

Artículo 50. Del Vicedecano, Secretario, Tesorero, Vicesecretario.

1.             El Vicedecano sustituirá al Decano en todas sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.

2.             El Secretario da fe de los actos y acuerdos del Colegio, lleva y custodia sus libros y el archivo, extiende las certificaciones y las Actas de las Juntas, dirige el personal administrativo siguiendo las directrices de la Junta de Gobierno, lleva un registro de colegiados y forma un expediente por cada uno de ellos. Es función del Secretario la elaboración de la memoria anual.

3.             Corresponde al Vicesecretario sustituir al Secretario en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.

1.             Es competencia del Tesorero controlar todos los documentos de carácter económico cuya utilización sea obligatoria para los colegiados, gestionando los fondos y demás recursos del Colegio, dar cuenta a la Junta de Gobierno, al menos de forma trimestral, del estado de los fondos, así́ como de la morosidad que observe en los pagos, elaborar el balance de ingresos y gastos de cada ejercicio, sin perjuicio de delegar en los profesionales que contraten sus servicios por este ICP de Melilla.

Artículo 51. De los Vocales.

Sección 4. ª Régimen de provisión de cargos.

Artículo 52. Carácter electivo y duración del mandato.

1.             Los cargos de la Junta de Gobierno tienen carácter electivo. Son honoríficos y no remunerados.

2.             La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se hará por sufragio universal, libre, directo y secreto.

3.             Su duración será de cuatro años. Agotado el periodo de mandato podrán ser reelegidos para el mismo o distinto cargo.

Artículo 53. Condiciones de elegibilidad.

1.             Para ser candidato a cualquiera de los cargos de la Junta de Gobierno, será requisito indispensable hallarse en el ejercicio de la profesión y contar con cinco años de ejercicio ininterrumpido, salvo el cargo de Decano que requerirá de diez años de ejercicio también ininterrumpido.

2.             Además, no deben estar incursos en ninguna de las siguientes situaciones:

a)             Condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos.

b)             Sancionados disciplinariamente por cualquier colegio de procuradores, mientras no hayan sido canceladas las sanciones.

c)             No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de contribución colegial.

3. Ningún colegiado podrá presentarse, como candidato, a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la misma convocatoria.

Artículo 54. Causas de cese.

Los miembros de la junta de gobierno cesarán por las causas siguientes:

a)             Fallecimiento

b)             Renuncia del interesado.

c)             Ausencia inicial o pérdida sobrevenida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.

d)             Expiración del plazo de mandato para el que fueron elegidos.

e)             Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno, previo acuerdo de la propia Junta. 

f)              La aprobación de una moción de censura.

Artículo 55. Provisión de vacantes.

Si por cualquier otra causa que no sea la expiración del plazo para el que fueron elegidos, se produjeran vacantes en la Junta de Gobierno, sus puestos serán cubiertos por el resto de componentes de la propia Junta, sin perjuicio de poder convocar elecciones para cubrir las vacantes habidas.

En el caso de que las vacantes en la Junta de Gobierno, supongan más del 25% de los miembros de la misma, se procederá a convocar elecciones.

Artículo 56. Junta provisional.

1.             Cuando por cualquier causa quedaren vacantes más de la mitad de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España, designará una Junta provisional, integrada por los colegiados ejercientes con mayor antigüedad, la cual convocará elecciones dentro de los treinta días siguientes al de su constitución. La Junta Provisional, así́ constituida, ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los designados en virtud de elección y solo podrán tomar acuerdos que sean de carácter urgente e inaplazable.

2.             Los designados vienen obligados a aceptar el cargo, que será irrenunciable, salvo razón de grave enfermedad.

Sección 5. ª Régimen electoral

Artículo 57. Derecho de sufragio activo.

Son electores todos los colegiados que a la fecha de convocatoria del proceso electoral se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos colegiales.

Artículo 58. Convocatoria. (Régimen electoral).

1.             La Junta de Gobierno del Colegio convocará elecciones para la provisión de cargos con al menos cuarenta días naturales de antelación a la fecha de su celebración.

2.             La convocatoria habrá de contener los extremos siguientes: cargos objeto de elección; día, hora y lugar de la elección; y calendario electoral.

3.             La Junta de Gobierno podrá aprobar normas electorales que rijan para cada proceso electoral en desarrollo de las presentes previsiones estatutarias. En ese caso, se habrán de adjuntar a la convocatoria.

Artículo 59. Junta Electoral.

1.             Convocadas elecciones, la Junta de Gobierno procederá a la designación de la Junta Electoral que estará integrada por un presidente, un secretario y un vocal, elegidos mediante sorteo entre procuradores ejercientes con más de cinco años de ejercicio profesional.

2.             El ejercicio del cargo de miembro de la mesa electoral tendrá carácter obligatorio para los designados, quienes sólo se podrán excusar por causas graves que habrá de estimar justificadas la Junta de Gobierno.

3.             La Junta Electoral velará por el respeto de las normas estatutarias y colegiales que rigen el proceso electoral, ejerciendo las funciones de impulso y ordenación del proceso electoral que se le atribuyen en el presente Estatuto.

Artículo 60. Censo electoral.

1.             El Secretario del Colegio elaborará el censo electoral, en el que habrán de figurar todos los colegiados con derecho a voto en la fecha de convocatoria de las elecciones.

2.             El censo estará expuesto en la sede del Colegio transcurridos quince días naturales desde la convocatoria de las elecciones. Dentro de los primeros diez días naturales podrán presentarse reclamaciones sobre la inclusión o exclusión de electores. Las reclamaciones se resolverán por la Junta Electoral en los cinco días naturales siguientes.

Solo los colegiados que figuren inscritos en el censo podrán participar en el proceso electoral.

Artículo 61. Presentación y proclamación de candidatos.

1.             Las candidaturas deberán presentarse en la secretaría del Colegio, con al menos veinte días naturales de antelación a la fecha señalada para el acto electoral, en sobre cerrado y sellado, que permanecerá bajo custodia de la Junta Electoral hasta el día siguiente a la expiración del plazo.

2.             Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas exclusivamente por los propios candidatos.

3.             La Junta Electoral convocará para el día siguiente de la terminación del plazo de presentación de candidaturas a un representante de cada una que, previamente, haya consignado su nombre en la secretaría del colegio, a tal efecto. En presencia de todos los que hubieran acudido, se abrirán los sobres, y se levantará acta. A continuación, procederá a la proclamación de candidatos de quienes reúnan los requisitos estatutarios.

4.             La Junta Electoral resolverá las reclamaciones que hubiere dentro de los cinco días naturales siguientes, notificando su resolución a los reclamantes.

5.             La Junta Electoral proclamará las candidaturas resueltas, en su caso, las reclamaciones interpuestas y dará conocimiento de la proclamación a los colegiados a través de comunicación electrónica individualizada a cada colegiado y mediante la inserción en el tablón de anuncios de la sede colegial. La Junta Electoral aprobará el modelo oficial de papeletas cuya confección deberá iniciarse inmediatamente después de la proclamación.

Artículo 62. Proclamación como electos de candidatos únicos.

En el supuesto de que se presentará una sola candidatura para cada cargo, y fuese proclamada por la Junta Electoral, la Junta General debidamente constituida podrá acordar su proclamación como Decano o miembro de la Junta de Gobierno sin necesidad de proceder a la votación.

Artículo 63. Campaña electoral.

1.             Proclamados los candidatos, dará comienzo la campaña electoral, que finalizará cuarenta y ocho horas antes de la hora señalada para la celebración de las elecciones.

2.             No podrá difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral, una vez que ésta haya legalmente terminado, ni tampoco durante el período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y el inicio de la campaña. 

Artículo 64. Modalidades de votación. Voto por correo.

1.             El voto se podrá ejercer personalmente o por correo.

2.             La votación por correo requiere que: quede constancia del envío, se acredite la identidad del votante, se garantice el secreto del voto y sea recibido antes de la finalización de la votación.

3.             El procedimiento de votación por correo se ajustará a los siguientes requisitos:

a)             Con una antelación mínima de diez días, remitirá su voto en la papeleta oficial, que introducirá en un sobre, que será cerrado y, a su vez, introducido en otro mayor, en el que también se incluirá una fotocopia del documento nacional de identidad del elector, quien firmará sobre la misma.

b)             El voto podrá ser remitido mediante correo certificado a través de las oficinas de Correos o mediante empresas privadas prestadoras de servicios postales, debiendo constar, cualquiera que sea el medio utilizado, la fecha de presentación. El envío se hará a la sede del Colegio de Procuradores, haciendo constar junto a las señas: “Para la Junta Electoral”. El Colegio registrará la entrada de estos envíos y sin abrir el sobre se entregará a la Junta Electoral el día de la votación”.

4.             El día anterior a la celebración de las elecciones será el último día hábil para recibir el voto por correo.

5.             Todo elector podrá revocar su voto por correo compareciendo a votar personalmente. En tal caso, el sobre será destruido en el mismo acto y en su presencia.

Artículo 65. Escrutinio, proclamación de resultados y reclamaciones.

1.             Finalizada la votación, la Junta Electoral procederá de inmediato al escrutinio. Se proclamarán electos para cada cargo a los candidatos que obtengan mayor número de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio y, si se mantuviera el empate, el de mayor edad.

2.             Veinticuatro horas antes de comenzar la votación, las candidaturas podrán comunicar a la Junta de Gobierno la designación de un interventor de mesa. Los interventores podrán asistir a todo el proceso de votación y de escrutinio y formular las reclamaciones que estimen oportunas, que serán resueltas por aquella y recogidas en el acta por el Secretario. Los interventores y los candidatos podrán examinar al término del escrutinio las papeletas que ofrezcan dudas.

3.             Acabado el escrutinio, se levantará acta del resultado y el Presidente de la Junta Electoral hará́ públicos los mismos a los presentes en la sala. La Junta Electoral proclamará elegidos a los candidatos correspondientes y publicará los resultados levantando el acta oportuna.

4.             Contra el resultado de las elecciones podrá́ presentarse recurso, potestativamente, ante el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España en el plazo máximo de un mes desde la celebración de las elecciones.

Artículo 66. Toma de posesión.

1.             Los nuevos cargos electos tomaran posesión dentro del plazo de los cinco días siguientes a la proclamación de su elección.

1.             En los diez días siguientes, el Decano comunicará la toma de posesión de los nuevos cargos al Consejo General de Procuradores de España y a la Consejería de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla, competente en materia de Colegios Profesionales, así́ como a los Tribunales de Justicia.

CAPÍTULO III - RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 67. Normativa aplicable.

1. El ICP de Melilla se rige por las siguientes normas:

a)             La legislación básica estatal en materia de Colegios Profesionales.

b)             El presente Estatuto y el Estatuto General de los Procuradores de España.

c)             Los Reglamentos de Régimen Interior, el Código Deontológico, y demás normas que se adopten en desarrollo y aplicación del Estatuto.

d)             El resto del ordenamiento jurídico en cuanto le resulte aplicable.

2.             Los actos y disposiciones del Colegio adoptados en el ejercicio de funciones públicas, así́ como la actividad relativa a la constitución de sus órganos se sujetará al Derecho Administrativo. Las cuestiones de índole civil o penal y aquellas que se refieran a las relaciones con el personal dependiente del Colegio se regirán, respectivamente, por el derecho civil, penal o laboral.

3.             La legislación vigente sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Régimen Jurídico del Sector público, Leyes 39/2015 d y 40/2015 de 1 de octubre, será́ de aplicación supletoria en defecto de previsiones contenidas en las normas estatutarias o reglamentarias en las actuaciones sujetas al Derecho Administrativo.

4.             Los acuerdos, decisiones o recomendaciones del Colegio deberán observar los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

5.             En materia de comunicaciones comerciales se estará́ a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Artículo 68. Eficacia de los actos.

1.             Los acuerdos adoptados por el Colegio en ejercicio de potestades administrativas se considerarán ejecutivos desde su adopción, sin más requisito que su notificación o publicación cuando proceda y salvo que, de sus propios términos, resulten sometidos a plazo o condición de eficacia. De esta regla solo se exceptúan las resoluciones en materia disciplinaria que se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 96 del presente Estatuto.

2.             Cuando el Colegio no disponga de capacidad propia ni medios para la ejecución forzosa de sus actos administrativos, lo pondrá́ en conocimiento de la Administración de la Ciudad Autónoma a través de la Consejería de adscripción. A tal efecto, recabará de esta el auxilio ejecutivo necesario para la ejecución forzosa de sus actos administrativos.

Artículo 69. Régimen general de Impugnación.

1. Los acuerdos  y resoluciones de los órganos colegiales, incluso los actos de trámite que directa o indirectamente decidan el fondo del asunto, impiden la continuación del procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable o derechos e intereses legítimos, son susceptibles de recurso en los siguientes términos:

a)             Los acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Junta General son recurribles, en alzada, ante el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España.

b)             Los acuerdos de los demás órganos colegiales serán recurribles en su caso ante la Junta de Gobierno.

c)             Las resoluciones del Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España agotan la vía corporativa, abriendo la contencioso-administrativa, en aquellos asuntos que sean competencia de dicha Jurisdicción.

Artículo 70. Especialidades del procedimiento de recurso.

1.             El recurso de que conozca el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España, será presentado ante la Junta de Gobierno del Colegio de Melilla. Para el caso de que se presentara el recurso ante la Junta de gobierno del Colegio de Melilla, éste deberá remitirlo, con sus antecedentes y el informe que proceda, al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España dentro de los diez días siguientes a la fecha de presentación. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acuerdo recurrido.

2.             La Junta de Gobierno estará́ legitimada, en todo caso, para recurrir los acuerdos de la Junta General. Si la Junta de Gobierno entendiese que el acuerdo recurrido es nulo de pleno derecho o gravemente perjudicial para los intereses del Colegio, podrá́ solicitar la suspensión del acuerdo recurrido al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España.

Artículo 71. Revisión jurisdiccional.

Los actos emanados de la Junta General y de la Junta de Gobierno del ICP de Melilla, en cuanto estén sujetos al derecho administrativo, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la interposición con carácter potestativo del recurso a que se refiere el artículo 78 del presente Estatuto, una vez agotados los recursos corporativos.

CAPÍTULO IV - RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

Artículo 72. Ejercicio económico y régimen presupuestario.

1.             El ejercicio económico del Colegio de Procuradores coincidirá con el año natural. El régimen económico del Colegio es presupuestario. El presupuesto será anual, único y equilibrado. El Colegio deberá ajustarse a dicho presupuesto, y llevará una contabilidad ordenada y detallada que comprenderá la totalidad de los ingresos, gastos e inversiones del Colegio referido a dicho año natural.

2.             En cada presupuesto se cifrarán con la suficiente especificación los gastos previstos en función del programa de actividades a desarrollar por los órganos colegiales, así como los ingresos que se prevea devengar durante el correspondiente ejercicio.

Artículo 73. El examen de las cuentas 

Todos los colegiados podrán examinar las cuentas del Colegio durante los cinco días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Junta General que haya de resolver sobre ellas.

Artículo 74. Recursos económicos.

1. Son ingresos ordinarios del Colegio:

a)             Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes y derechos del patrimonio colegial, así como los rendimientos de los fondos depositados en sus cuentas.

b)             Las contribuciones económicas de los procuradores, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.

c)             Las percepciones por la expedición de certificaciones o copias de datos o documentos obrantes en sus archivos, o de copias de documentos por él producidos.

d)             Los honorarios por la elaboración de informes, dictámenes, estudios, y cualesquiera otros asesoramientos que se requieran al Colegio, así como los derechos por admisión y administración de arbitrajes y mediaciones.

e)             Los beneficios que obtenga por sus publicaciones u otros servicios o actividades remuneradas que realice.

f)              Cuantos otros puedan corresponderle legalmente.

2. Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:

a)             Las subvenciones y donativos de los que el Colegio pueda ser beneficiario.

b)             El producto de la enajenación de los bienes de su patrimonio.

c)             Las cantidades que en cualquier concepto corresponda percibir al Colegio por administración de bienes ajenos.

d)             Los ingresos por patrocinio publicitario.

e)             Los bienes y derechos de toda clase que, por herencia, legado y otro título, pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.

f)     Los obtenidos a consecuencia de la imposición de multa, tras expediente disciplinario a alguno de sus colegiados.

g)             Los que por cualquier otro concepto legalmente procedan.

Artículo 75. Contribuciones de los procuradores.

1. Son contribuciones económicas de los procuradores:

a)             La cuota de incorporación al Colegio. Su importe no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación del ingreso.

b)    La cuota ordinaria fija. Tendrá carácter periódico y será idéntica para todos los colegiados ejercientes.

c)             Los costes por servicios o API (aportación por intervención) que se devenguen en concepto de cuota variable, por actuaciones profesionales, de Procuradores colegiados y no colegiados, en el ICP de Melilla.

d)             Las cuotas extraordinarias o las derramas colegiales.

e)             Las cantidades que, en su caso, se establezcan por el uso individualizado de servicios colegiales.

f)              Las cuotas abonadas por los colegiados no ejercientes.

2.             La Junta General determinará la cuantía de las contribuciones colegiales.

3.             A los procuradores procedentes de otro Colegio, que realicen actuaciones profesionales en el ámbito del ICP Melilla no podrán exigírseles cuotas de ingreso, cuotas ordinarias fijas, ni cuotas extraordinarias o derramas colegiales.

Artículo 76. Auditoría.

La Junta de Gobierno podrá designar un auditor de cuentas, que auditará las cuentas correspondientes a cada ejercicio presupuestario, sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde a los organismos públicos legalmente habilitados para ello.

Artículo 77. Del patrimonio y su administración.

1.             Constituye el patrimonio del Colegio el conjunto de todos sus bienes, derechos y obligaciones.

2.             El patrimonio colegial será administrado por la Junta de Gobierno, facultad que ejercerá a través del Tesorero y con la colaboración técnica que se precise.

3.             Los pagos serán ordenados por el Decano. El Tesorero cuidará de su ejecución y de que sean debidamente contabilizados.

Artículo 78. Del personal del Colegio.

La Junta de gobierno aprobará las bases por las que han de regirse los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados del Colegio, y procederá a su designación, ya sea con ocasión de vacantes o de plazas de nueva creación, en función de las necesidades de la Corporación y la buena marcha de la misma.

CAPÍTULO V - RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS COLEGIADOS

Sección 1ª. De la responsabilidad disciplinaria.

Artículo 79. De la potestad disciplinaria

1.             Los profesionales integrados en el ICP Melilla, deben tener como guía de su actuación, el servicio a la comunidad y el cumplimiento de sus deberes profesionales y obligaciones deontológicas propias de la profesión, estando sujetos a responsabilidad disciplinaria si infringieren los mismos.

2.             El ICP Melilla sancionará disciplinariamente las acciones y omisiones de los profesionales y, en su caso, de las sociedades profesionales, que vulneren las normas reguladoras de la profesión, el Estatuto y Reglamentos colegiales o el Código Deontológico. 

3.             El ejercicio de las facultades disciplinarias que la autoridad judicial tiene sobre los procuradores, se ajustará a lo dispuesto en la LOPJ y en las leyes procesales.

4.             Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas contenidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán de aplicación supletoria, en lo no previsto en el presente Estatuto. 

Artículo 80. Competencia.

1.             El ejercicio de la potestad disciplinaria es competencia ordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio.

1.             La competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los miembros de la Junta de Gobierno del ICP Melilla, reside en el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España.

Sección 2.ª Infracciones

Artículo 81. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

a)             La percepción indebida de derechos económicos en la prestación del servicio de representación gratuita.

b)             La emisión de facturas o minutas por conceptos inexistentes o por actuaciones profesionales no realizadas.

c)             La condena de un colegiado en sentencia firme por la comisión de un delito en el ejercicio de su profesión siempre y cuando dicha condena no prevea una condena accesoria de inhabilitación en cuyo caso se aplicaría la normativa procedente contenida en la resolución dictada.

d)             La inasistencia reiterada e injustificada a los órganos jurisdiccionales o a los servicios comunes de notificaciones y traslados de escritos.

e)             El incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 8 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima, que establece el período de reflexión en garantía de los derechos de las víctimas.

f)              El empleo de cualquier clase de procedimiento que suponga la sustitución permanente y efectiva por otro procurador o por oficial habilitado en el desempeño efectivo de la función de representación.

g)             La reiteración de tres faltas graves en un período de dos años.

Artículo 82. Infracciones graves.

Son infracciones graves:

a)             El incumplimiento de los deberes consignados en el Código Deontológico, salvo que el mismo se tipifique como infracción muy grave o leve.

b)    El incumplimiento de las obligaciones de los colegiados, descritas en el artículo 18 de este Estatuto, salvo que el mismo se tipifique como infracción muy grave o leve.

c)             La falta de atención o de diligencia o fidelidad en el desempeño de los cargos colegiales, o el incumplimiento de los deberes correspondientes al cargo.

d)             El incumplimiento o desatención de los requerimientos de los órganos colegiales competentes.

e)             La práctica de comunicaciones comerciales no ajustadas a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, o a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

f)              La práctica de actos de competencia desleal declarados por el órgano administrativo o jurisdiccional competente. 

g)             La desconsideración ofensiva hacia los cargos de gobierno colegiales.

h)             El incumplimiento de la obligación de puesta a disposición de los destinatarios del servicio profesional de la información exigida en el artículo 22.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

i)              La comisión de actos que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas deontológicas que la gobiernan.

j)              El encubrimiento del intrusismo profesional una vez declarada la existencia del mismo por resolución judicial firme.

k)             La negativa a la aceptación de la designación como tutor en el supuesto de que la misma fuera obligatoria o el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los tutores de las prácticas externas

l)              La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.

Artículo 83. Infracciones leves.

Son infracciones leves:

a)             La falta de consideración a los colegiados.

b)             La desconsideración no ofensiva hacia los cargos de gobierno colegiales.

c)             Las acciones descritas en el artículo anterior cuando no tuvieran la entidad suficiente para ser consideradas faltas graves.  

Sección 3ª.  Sanciones

Artículo 84. Clases de sanciones.

1.             Podrán imponerse las siguientes sanciones disciplinarias:

1.ª Amonestación verbal.

2.ª Apercibimiento por escrito.

3.ª Reprensión pública.

4.ª Multa de hasta 300 euros.

5.ª Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo de hasta seis meses.

6.ª Multa desde 301 a 6.000 euros.

7.ª Multa desde 6.001 a 12.000 euros.

8.ª Suspensión en el ejercicio profesional por un plazo superior a seis meses e inferior a dos años.

9.ª Expulsión del Colegio.

2.             Las sanciones 5.ª a 8.ª implican accesoriamente la suspensión de los derechos electorales por el mismo período de su duración, así como, en su caso, el cese en los cargos colegiales que se ejercieran.

3.             Cuando las infracciones sean cometidas por una sociedad profesional, se aplicarán las mismas sanciones que a los colegiados con las siguientes especialidades:

a)             Las sanciones 5.ª y 8.ª conllevarán, simultáneamente a la suspensión en el ejercicio profesional de los procuradores que la integren, la baja de la sociedad en el Registro de sociedades profesionales, por el mismo período de duración.

a)             La sanción 9.ª consistirá en la baja definitiva del Registro de sociedades profesionales con prohibición indefinida de ejercicio profesional, simultáneamente a la expulsión del Colegio, de los procuradores que la integren.

b)             No resultará de aplicación la sanción accesoria descrita en el apartado segundo de este precepto.

4. En el caso de que la sanción sea impuesta, por acción u omisión cometida en el seno de un procedimiento, donde el procurador ostente su representación a través de designación del servicio de Representación Jurídica Gratuita, la sanción podrá llevar aparejada la baja de dicho Procurador en el referido turno. La baja podrá imponerse por plazo de hasta 6 meses, de seis meses a dos años, o bien de manera permanente; para el caso de falta leve, grave, o muy grave, respectivamente.

El acuerdo accesorio de baja en el turno de representación jurídica gratuita, podrá ser revisado de oficio por la Junta de Gobierno, o bien a instancias del propio colegiado.

Artículo 85. Correspondencia entre infracciones y sanciones.

1.             A las infracciones leves corresponderán las sanciones 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª descritas en el apartado primero del artículo anterior, a las graves las sanciones 5.ª y 6.ª, y a las muy graves, las sanciones 6.ª, 7.ª, 8.ª y 9.ª

2.             En la imposición de las sanciones se ponderarán las circunstancias objetivas del hecho y las subjetivas de su autor, moderándose o agravándose la responsabilidad de éste, según la concurrencia de dichas circunstancias. Deberá observarse la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de infracción. A tal efecto, en la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

a)             Intencionalidad manifiesta de la conducta.

b)             Negligencia profesional inexcusable.

c)             Obtención de lucro ilegítimo.

d)             Desobediencia reiterada a acuerdos o requerimientos colegiales.

e)             Daño o perjuicio grave a terceros.

f)              Hallarse en el ejercicio de cargo público o colegial al cometer la infracción, cuando prevalezca esta condición.

g)             La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

h)             La naturaleza de los perjuicios causados.

i)              Haber sido sancionado anteriormente por resolución colegial firme no cancelada, a causa de una infracción grave.

3. Las sanciones anteriormente recogidas, podrán acordarse, junto a las medidas accesorias que correspondan, en su caso, según lo dispuesto en el artículo 96 del presente Estatuto.

Artículo 86. Eficacia y ejecución de las sanciones.

1.             Las sanciones impuestas por el Colegio surtirán efectos en todo el territorio español de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 LCP.

2.             Las sanciones no se ejecutarán ni podrán ser hechas públicas hasta que no alcancen firmeza en vía administrativa, sin perjuicio de su eventual suspensión cautelar cuando sean ejecutivas en los términos y supuestos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

3.             De todas las sanciones, excepto de la 1.ª, así como de su cancelación, se dejará constancia en el expediente colegial del interesado y se dará cuenta al Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España y en su caso, al Colegio de pertenencia.

4.             Las sanciones que consistan en la suspensión del ejercicio de la profesión, o en la expulsión del Colegio, tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de Procuradores de España, a cuyo fin habrán de ser comunicadas al Consejo General de Procuradores de España, Colegio y a los demás Colegios, que se abstendrán de incorporar al sancionado en tanto no desaparezca la sanción.

Sección 4.ª Prescripción y cancelación

Artículo 87. Prescripción de infracciones y de sanciones.

1.             Las infracciones leves prescribirán por el plazo de un año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.

2.             Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las correspondientes a infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los tres años.

3.             Los plazos de prescripción de las infracciones comenzarán a contar desde el día de la comisión de la infracción y los de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora.

4.             La prescripción de las infracciones se interrumpirá:

-              Por cualquier actuación colegial, expresa y manifiesta, dirigida a investigar la presunta infracción con conocimiento del interesado.

-              Por la notificación al colegiado afectado, del acuerdo de incoación de información previa a la apertura del expediente disciplinario, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción si en los tres meses siguientes no se incoa expediente disciplinario o el mismo permaneciera paralizado durante más de seis meses, por causa no imputable al interesado.

5. La realización de cualquier acto colegial expreso y manifiesto de ejecución de la sanción con conocimiento del interesado, interrumpirá el plazo de su prescripción. 

Artículo 88. Cancelación de las sanciones.

La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará, siempre que no hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, cuando hayan transcurrido los siguientes plazos: Las sanciones se cancelarán al año si la sanción impuesta fuera la 1.ª, 2.ª, 3.ª o 4.ª, a los dos años si fuera la 5.ª o 6.ª, a los cuatro años si fuera la 7.ª o 8.ª, y a los cinco años la 8.ª. Los plazos anteriores se contarán a partir del cumplimiento efectivo de la sanción. La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos. Podrá hacerse de oficio o a petición de los sancionados.

Sección 5ª Procedimiento disciplinario

Artículo 89. Régimen jurídico del procedimiento.

1.             El ejercicio de la potestad disciplinaria requerirá la incoación del correspondiente procedimiento disciplinario.

2.             La tramitación del procedimiento disciplinario se ajustará a lo dispuesto en la presente sección, y en lo no previsto por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. y con sujeción a los principios enunciados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y la Ley 40/2015, de 21 de noviembre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 90. Actuaciones previas. Diligencias informativas.

1.             Con anterioridad al inicio del procedimiento, la Junta de Gobierno podrá realizar diligencias informativas, como actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación.

2.             Estas actuaciones se orientarán, en especial, a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación del procurador que pudiera resultar responsable y las circunstancias relevantes que concurran en unos u otros.

3.             La apertura de este trámite se comunicará al denunciado, con aportación en su caso de la queja o denuncia presentada para que la conteste y formule las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días.

4.             La Junta de Gobierno podrá acordar la práctica de cuantas diligencias de investigación estime oportunas.

5.             Una vez conclusas las actuaciones previas y, en todo caso, transcurrido el plazo máximo de dos meses desde su acuerdo, la Junta de Gobierno ordenará el archivo o la incoación de procedimiento disciplinario a resultas de la misma. Deberá notificarse a los interesados con indicación de los recursos que, en su caso, procedan contra la misma.

Artículo 91. Procedimiento disciplinario.

1.             El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por la Junta de Gobierno, como consecuencia de iniciativa propia, petición razonada del Decano o denuncia firmada por un colegiado o por un tercero con interés legítimo. La denuncia deberá contener: la identificación del denunciante, el relato de los hechos que pudieran constituir motivo de infracción, así como su fecha, y, cuando sea posible, la identificación del presunto responsable.

2.             El acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario deberá recoger la identificación del profesional o profesionales presuntamente responsables, los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, así como la designación del instructor, y en su caso secretario del procedimiento con indicación del régimen de recusación de los mismos, y la indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio. El acuerdo se notificará a los interesados.

3.             Tras las oportunas diligencias indagatorias, el instructor propondrá el sobreseimiento del expediente si no encontrara indicios de ilícito disciplinario o formulará pliego de cargos en caso contrario. La resolución de la Junta de Gobierno que disponga el sobreseimiento del expediente será inmediatamente notificada a los interesados.

4.             En el pliego de cargos se indicarán, con precisión, claridad y debidamente motivados, los actos profesionales o colegiales que se presumen ilícitos, la calificación del tipo de infracción en que incurre aquella conducta y la sanción a que, en su caso, pueda ser acreedora.

5.             Se concederá al interesado un plazo de quince días hábiles para que conteste por escrito y formule escrito de alegaciones, aporte documentos e informaciones y proponga las pruebas que estime oportunas para su defensa. Podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles en Derecho. El instructor practicará las que estime pertinentes entre las propuestas o las que pueda acordar. De las audiencias y pruebas practicadas se dejará constancia escrita en el expediente.

6.             La instrucción concluirá con la formulación de una propuesta de resolución, que fijará con precisión los hechos imputados al expedientado, indicará la infracción o infracciones cometidas y las sanciones que correspondan. De esta propuesta se dará traslado al interesado, al que se concederá nuevo trámite de audiencia para que pueda alegar cuanto estime conveniente a su derecho.

7.             La Junta de Gobierno adoptará motivadamente la resolución que estime conveniente decidiendo todas las cuestiones planteadas. No podrá versar sobre hechos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta de resolución. Si el instructor formara parte de la Junta de Gobierno, no podrá participar en las deliberaciones ni en la adopción de la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario.

Artículo 92. Las medidas cautelares

Los órganos con competencia sancionadora podrán acordar, mediante resolución motivada, la suspensión cautelar en el ejercicio profesional del procurador frente a quien se siga el procedimiento sancionador.

Artículo 93 - La extinción de la responsabilidad

1.             La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del colegiado, la prescripción de la infracción y la prescripción de la sanción.

2.             La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en suspenso, para ser cumplida si el colegiado causase nuevamente alta en un Colegio.

CAPÍTULO VI - RÉGIMEN DE DISTINCIONES, PROTOCOLO Y SÍMBOLOS

Artículo 94. Colegiados y cargos de honor.

1.             La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá nombrar colegiados de honor a las personas, físicas o jurídicas, que acrediten méritos o servicios relevantes prestados a la profesión. La distinción podrá, en su caso, concederse a título póstumo.

2.             La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, también podrá otorgar a título honorífico la condición de Decano. La distinción recaerá en aquellas personas merecedoras de tal distinción por sus excepcionales cualidades profesionales y sociales y su contribución a la defensa, desarrollo y perfeccionamiento de la Procura.

Artículo 95. Otras recompensas.

1.             La Junta de Gobierno del Colegio podrá conceder otras recompensas honoríficas y de carácter económico-científico.

2.             Las recompensas honoríficas podrán consistir en: felicitaciones y menciones; propuesta de condecoraciones oficiales y designación como miembros honoríficos.

3.             Las recompensas de carácter económico-científico podrán ser las que, en cada momento, decida la Junta de Gobierno y serán concedidas por esta, pudiendo consistir en: premios a trabajos de investigación y publicación, a cargo del Colegio, de aquellos trabajos de destacado valor científico o de investigación que en cada momento se acuerde editar.

Artículo 96. Tratamientos honoríficos y protocolarios.

1.             El ICP Melilla tendrá el tratamiento de "Ilustre", y su Decano/a el de "Ilustrísimo/a Señor/a", que ostentará con carácter vitalicio, teniendo la consideración honorífica del Presidente de Sala de la Audiencia Provincial. Llevará vuelillos en su toga, así como las medallas y placas correspondientes a su cargo, en audiencia pública y actos solemnes a los que asista en ejercicio de los mismos.

2.             En tales ocasiones, los demás miembros de la Junta de Gobierno del Colegio continuarán utilizando como atributos propios de sus cargos la medalla creada por la Real orden de 26 de junio de 1903.

CAPÍTULO VII - DEL PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN.

Artículo 97. Procedimiento de disolución del Colegio de Procuradores de Melilla y régimen de liquidación

1. La disolución del Ilustre Colegio de Procuradores de Melilla se producirá cuando se den los supuestos siguientes:

a)             Pérdida del objeto y fines del Colegio

b)             Fusión con otro Colegio de la misma profesión.

c)             cuando venga determinada por disposición legal, estatal o autonómica.

Será acordada por la Junta General Extraordinaria, convocada al efecto, siendo necesario para su aprobación la asistencia de, por lo menos, tres quintas partes de los colegiados, y el voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes.

2.             Aprobada la disolución, se procederá a la liquidación del patrimonio del Colegio, nombrándose para ello una Comisión Liquidadora, elegida de entre los colegiados ejercientes hasta ese momento, o podrá estar compuesta por profesionales externos economistas o auditores.

Esta comisión elaborará un balance del activo y del pasivo del Colegio, que será sometido a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, convocada al efecto, en los 30 días siguientes a la aprobación del acuerdo de disolución para que, una vez aprobado, la Comisión liquidadora proceda a la venta de los activos, y con el resultado obtenido, procederá a saldar las deudas vencidas y pendientes de vencer. Para el caso de que, una vez saldadas las deudas, se obtenga remanente, será repartido proporcionalmente entre todos los colegiados del ICP de Melilla, tomando como base de cálculo para ese reparto proporcional, el número de años que hubiera permanecido colegiado en dicho Colegio.

3.             El acuerdo se comunicará a la Consejería competente en materia de colegios profesionales y al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España.

4.             La disolución será aprobada por Decreto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, previo informe del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España.

CAPITULO VIII - DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMA ESTATUTARIA

Artículo 98. De la reforma estatutaria.

1.             Corresponde a la Junta de Gobierno impulsar el procedimiento de aprobación y reforma de los Estatutos, que deberá ser aprobada por la Junta General Extraordinaria, convocada al efecto.

2.             También podrán instar la reforma del Estatuto, los colegiados que representen, al menos, una tercera parte del censo del Colegio. La solicitud habrá de dirigirse a la Junta de Gobierno, y en ella se hará constar la materia o materias que se pretendan reformar, así como el contenido del texto.

3.             Del procedimiento para la reforma estatutaria.

a)     Acordada la iniciativa, la Junta de Gobierno dará traslado a todos los colegiados para que el plazo de un mes formulen las observaciones, alegaciones, enmiendas o textos alternativos que estimen pertinentes.

b)     No se podrán presentar enmiendas a artículos o preceptos diferentes de aquellos a que se refiera en concreto la iniciativa ejercida. La junta de Gobierno rechazará en forma motivada para su inclusión en el debate todas las enmiendas que incumplan dicho requisito o que cumpliéndola formalmente, afecten a receptos diferentes de los enunciados en la iniciativa, sin que contra su decisión quepa recurso corporativo alguno.

c)     Dentro de los diez días siguientes a la finalización del lazo a que se refiere el apartado anterior, el decano convocará la Junta General extraordinaria para el debate y aprobación de la reforma, si procede.

d)     El conjunto de la reforma se someterá a votación de totalidad por la Junta General, resultando aprobado si obtuviere la mayoría absoluta.

e)     En caso de no lograr su aprobación, el Decano convocará, en el plazo de un mes, una nueva Junta General extraordinaria, e la que bastará su aprobación por mayoría simple.

f)      El procedimiento de reforma previsto en el presente precepto será de aplicación tanto a las reformas parciales de los Estatutos como a su reforma total.

g)     Una vez aprobado por la Junta General se remitirá al Consejo General de los Procuradores de España para su aprobación, finalizado así su fase corporativa, y remitiéndose posteriormente a la Conserjería de la Ciudad Autónoma de Melilla que corresponda, a efectos de su calificación de legalidad, aprobación definitiva, y posterior inscripción en el Registro de Colegios Profesionales, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TÍTULO IV - PRINCIPIOS BÁSICOS DEL EJERCICIO DE LA PROCURA

Artículo 99. Funciones de la Procura.

1.             La Procura es una profesión libre, independiente y colegiada, que tiene como misión la representación técnica de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento.

2.             Es también cometido de la Procura desempeñar cuantas funciones y competencias le atribuyan las leyes sectoriales, procesales y orgánicas, en orden a la mejor Administración de Justicia, a la correcta sustanciación de los procesos, y a la eficaz ejecución de las sentencias, y demás resoluciones que dicten los órganos jurisdiccionales.

3.             A través del ejercicio de la profesión, la Procura colabora con los órganos jurisdiccionales en la consecución de una justicia más ágil y eficaz.

Artículo 100. Retribución.

Los procuradores percibirán los derechos que correspondan por su ejercicio profesional, con arreglo a las disposiciones arancelarias vigentes.

La Junta de Gobierno podrá exigir a sus colegiados que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, incluso con exhibición de las facturas de suplidos y derechos y su reflejo contable.

Artículo 101. Incompatibilidades. Prohibiciones. Causas abstención.

1. El ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales, es incompatible con:

a)             El ejercicio simultáneo de la profesión de abogado, en los términos precisados en el art. 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

b)             Con el desempeño de cargos, funciones o empleos públicos en la Administración de Justicia 

c)             Con el ejercicio simultáneo de las funciones propias de oficial habilitado para otro procurador, en la misma o en diferente demarcación territorial.

d)             Con cualquier empleo remunerado en el Colegio de Procuradores y/o Abogados.

2. En los supuestos de ejercicio simultáneo con otras profesiones o actividades compatibles, se respetará el principio de inmediación y asistencia a juzgados y tribunales en horas de audiencia.

Artículo 102. Libertad de aceptación y renuncia.

Los procuradores tendrán plena libertad para aceptar o rechazar la representación procesal en un asunto determinado, con la única excepción de la obligación de aceptar las designaciones colegiales para la prestación del servicio de representación jurídica gratuita y turno de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en este Estatuto. El procurador también podrá renunciar, en cualquier fase del procedimiento, a la representación aceptada, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales.

Artículo 103. Firma al sólo efecto de representación.

Cuando el procurador estime necesario salvar su responsabilidad, en atención a los términos utilizados por el letrado director de un procedimiento, en el documento firmado por éste, podrá anteponer a su firma la expresión «al sólo efecto de representación». 

Artículo 104. Secreto profesional.

Es obligación del procurador guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionadas con las partes intervinientes en el proceso, hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión o de su cargo colegial. Igualmente obliga a los procuradores asociados y al procurador colaborador de otro compañero.

Artículo 105. Comunicaciones comerciales.

El Código Deontológico podrá contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir al procurador ajustar su conducta, en materia de comunicaciones comerciales, a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, con la finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional.  

Artículo 106. Sujeción a la legislación de defensa de la competencia.

Los acuerdos, decisiones o recomendaciones del Colegio, deberán observar los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Artículo 107. Cese en la representación.

El procurador que cese en la representación, estará obligado a devolver a su cliente la documentación que obre en su poder, así como a facilitar al nuevo procurador, cuanta información le sea necesaria para continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal del poderdante.

Artículo 108. Sustitución.

Para la sustitución del procurador, bastará con la simple aceptación del sustituto, manifestada en la asistencia a los actos de juicio, actos de comunicación, comparecencias, y demás actuaciones profesionales, no siendo necesario que el sustituto se encuentre facultado en el apoderamiento del sustituido, ni que el sustituido acredite la necesidad de la sustitución.

Artículo 109. Libertad de elección y límites de las formas de ejercicio.

Los procuradores podrán ejercer su profesión individual o conjuntamente con otros profesionales de la procura, o de distinta profesión, todo ello en atención a lo previsto por el artículo 25 del presente Estatuto y además a la nueva redacción de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de las Sociedades Profesionales, modificadas por la Ley 15/2021 , de 23 de octubre.

Artículo 110. Del ejercicio profesional personal.

El ejercicio individual de la profesión de procurador, deberá ser personal, sin perjuicio de la sustitución entre procuradores, así como de la facultad de emplear Oficiales Habilitados, quienes podrán sustituirles en sus actuaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 111. Ejercicio profesional societario.

Tanto en el supuesto de ejercicio individual, como de ejercicio conjunto, se podrá actuar en forma societaria. El ejercicio profesional en forma societaria, habrá de regirse por lo dispuesto en las leyes, así como en este Estatuto.

Artículo 112. Designación de Procuradores en caso de ausencia o enfermedad.

En caso de ausencia o enfermedad del colegiado ejerciente que no tenga designado sustituto, se procederá por el Decano a su designación hasta que el poderdante decida lo que convenga o remita la circunstancia determinante de la sustitución, dando cuenta a os órganos jurisdicciones correspondientes.

Disposición transitoria primera. Exigencia del título profesional de Procuradores de los Tribunales y dispensas.  

1. La exigencia por el artículo 9.1 b) de este estatuto del título profesional habilitante para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales como condición necesaria de ingreso en el Colegio se entiende sin perjuicio de las excepciones establecidas en la disposición adicional octava, disposición adiciona novena y disposición transitoria única de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura.

Disposición transitoria segunda. Exigencia del título de Licenciado en Derecho.

1.             La condición de Licenciado en Derecho recogida por el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras la modificación efectuada a la misma por la Disposición final primera de la Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, se entenderá exigible desde la entrada en vigor de esta última disposición, producida el día 28 de mayo de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final cuarta.

2.             De acuerdo con la disposición transitoria segunda de aquella Ley, la exigencia del título de Licenciado en Derecho no afectará a las situaciones anteriores a su entrada en vigor, no siendo por tanto de aplicación a quienes se encontraren amparados por la misma la condición de ingreso al Colegio contenida en el artículo 9.1.a) del Estatuto.

Disposición transitoria tercera. Mandatos de cargos de gobierno del Colegio. 

1.             Los miembros de los actuales órganos de gobierno del Colegio permanecerán en sus cargos hasta la expiración de su mandato.

2.             En las primeras elecciones para la provisión de la Junta de Gobierno que se celebren de acuerdo con lo dispuesto en el presente Estatuto se procederá a la renovación completa de todos los miembros de la misma.

 Disposición transitoria cuarta. Recursos.

Los recursos que se encontraren en tramitación a la entrada en vigor del Estatuto, continuarán la misma de acuerdo con las normas vigentes en el momento de su interposición.

Disposición transitoria quinta. Mantenimiento de vigencia de previsiones del anterior Estatuto.

Entre tanto no se apruebe el Reglamento de Régimen Interior del Colegio en desarrollo del presente Estatuto, se mantendrán en vigor las previsiones del anterior Estatuto sobre competencias de los miembros de la Junta de Gobierno, siempre que no se opongan a lo dispuesto en este Estatuto.

Disposición final primera. Adecuación y desarrollos normativos.

1.             El Colegio adecuará la normativa reglamentaria interna del Colegio a las previsiones del presente Estatuto.

2.             En tanto se proceda a dicha adaptación, la normativa interna del Colegio mantendrá su vigencia en cuanto no contradiga lo dispuesto en el presente Estatuto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Estatuto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Disposición final tercera. Referencias a normas y leyes.

Las referencias que el presente Estatuto hace a otras normas y leyes, se entenderán remitidas a las que en su momento las sustituyan.

Disposición derogatoria única. Efectos derogatorios.

Una vez entre en vigor el presente Estatuto, quedarán derogados los anteriores Estatutos del Iltre. Colegio de Procuradores de Melilla.

LA DECANA

ISABEL MARÍA HERRERA GÓMEZ.