ARTÍCULO Nº 534 (CVE: BOME-A-2023-534) DESCARGAR ARTÍCULO

Esta Presidencia, por acuerdo del órgano competente, ha procedido a la aprobación del CONVENIO DE ASISTENCIA JURÍDICA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (2023-2024), habiendo sido inscrito en el Registro de Convenios de la Ciudad Autónoma de Melilla con número CON2300128 y los siguientes datos:

Consejería: PRESIDENCIA

Datos de Aprobación:

Órgano:           Consejo de Gobierno

Número           2023000334

Fecha              04/05/2023

Entidad:           ES-S2826007-C (ABOGACIA GENERAL DEL ESTADO)

Fecha de formalización:  01/06/2023

De acuerdo con la normativa vigente de aplicación se procede a su publicación para su general conocimiento.

Melilla, 9 de junio de 2023,

El Secretario Accidental del Consejo de Gobierno,

Antonio Jesús García Alemany

CONVENIO DE ASISTENCIA JURÍDICA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE JUSTICIA, ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO) Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Dña. Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada General del Estado, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 19/2023, de 17 de enero (BOE n°15, de 18 de enero de 2023), quien actúa en virtud de la delegación conferida a su favor por el Ministro de Justicia en el artículo 7 d) de la Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias.

De otra parte, el Sr. D. Eduardo de Castro González, Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, cargo que desempeña en virtud del Real Decreto 389/2019, de 18 de junio, y actuando al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla.

MANIFIESTAN

Primero.- Que la Abogacía General del Estado es el Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente que la Abogacía General del Estado pueda prestar asistencia jurídica mediante la oportuna formalización de un convenio. De igual modo, el artículo 1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, contempla la posibilidad de que la suscripción del oportuno convenio sea el cauce adecuado para que se preste asistencia jurídica a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales; lo que también aparece recogido en el artículo 1 del Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal.

Segundo.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas.

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, y en el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal, tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia Jurídica, de fecha 26 de febrero de 2019, con la Abogacía General del Estado.

Cuarto.- Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica a la Ciudad Autónoma de Melilla, ambas partes consideran conveniente la designación por la Abogada General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica.

Quinto.- Que el texto del "convenio tipo" de asistencia jurídica ha sido informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.

Sexto.- Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes suscriben el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de noviembre, en la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, y en el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal, este podrá prestar asistencia jurídica a la Ciudad Autónoma de Melilla por medio de los Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General del Estado.

Se exceptúan de esta regla los asuntos contenciosos que se sustancien ante los Juzgados de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo con sede en Melilla, salvo que ofrezcan una notable y singular relevancia para la Ciudad Autónoma, y sin perjuicio de la Ilevanza de recursos devolutivos con las resoluciones de aquellos ante Tribunales de cualquier orden cuya sede no se encuentre en el territorio de dicha Comunidad Autónoma.

La Ciudad Autónoma de Melilla colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral entre la Ciudad Autónoma de Melilla y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia.

Segunda.- Facultad de elección de representación y defensa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, la Ciudad Autónoma de Melilla se reserva la facultad de ser asesorada, representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes.

Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que la entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra representación.

Tercera.- Contraposición de intereses.

La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado integrados en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de la Ciudad Autónoma de Melilla y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, la Ciudad Autónoma de Melilla será asesorada, representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador, especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.

Cuando exista contraposición de intereses entre la Ciudad Autónoma de Melilla y otra entidad convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. Los Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta a la Abogacía General del Estado.

Cuarta.- Designación de Abogado del Estado coordinador.

La Abogada General del Estado designará a uno o más Abogados del Estado en activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica convenida tanto en los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.

Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica mantener una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos judiciales en los que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad convenida. A tal fin la entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos pleitos.

Quinta.- Duración.

El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, podrá prorrogarse como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de las partes adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. El acuerdo de prórroga se formalizará mediante adenda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de dicha Ley.

Asimismo, serán publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial del Estado.

Sexta.- Contraprestación.

Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el Convenio, la Ciudad Autónoma de Melilla satisfará a la Abogacía General del Estado la cantidad anual de treinta y un mil cuatrocientos siete euros (31.407,00 € ) más IPSI, que se abonará por terceras partes correspondiendo a los períodos: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre.

cualquier entidad colaboradora o telemáticamente, debiendo, una vez efectuada la operación, remitir a la Dirección Adjunta de Medios Personales y Materiales de la Abogacía General del Estado, copia del mismo.

Séptima.- Costas.

En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas siguientes:

1ª Cuando la condenada en costas sea la Ciudad Autónoma de Melilla, corresponderá a esta el abono de las causadas a la parte contraria.

2ª Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Octava.-Modificación.

El presente convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las partes durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.

Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá ampliar o reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso de las partes.

Cualquier modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda al convenio.

Novena.- Control y vigilancia de la ejecución del convenio.

Para la vigilancia y control de la ejecución de este convenio de asistencia jurídica y de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento del mismo formada por dos miembros de cada una de las partes. Esta comisión resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera plantearse. Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la normativa reguladora del régimen de órganos colegiados de las Administraciones Públicas.

Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, al menos, deberá reunirse una vez al año.

Décima.- Causas de resolución.

Son causas de resolución del Convenio:

a)    El transcurso del plazo de vigencia del convenio o, en su caso, la prórroga acordada expresamente.

b)    El mutuo acuerdo.

c)    El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este convenio.

En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 30 días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento será comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y a la entidad firmante.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se podrá entender resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de acuerdo con los criterios que se determinen por la comisión de seguimiento.

d)    Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e)    Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.

f)     Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.

Undécima.- Naturaleza del Convenio y Jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera posible, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Duodécima.- Finalización de vigencia del convenio anterior.

26 de febrero de 2019, sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el presente convenio sustituirá en su totalidad al extinto convenio firmado por las partes en fecha 26 de febrero de 2019.

El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en curso en la fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo al presente convenio.

Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el presente Convenio.

Por el Ministerio de Justicia                   Por la Ciudad Autónoma de Melilla

Fdo: Consuelo Castro Rey                      Fdo: Eduardo de Castro González

ANEXO

En virtud de lo dispuesto en la cláusula Novena del convenio, la comisión de seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:

•       Por la Abogacía General del Estado:

-       La Subdirectora General y la Subdirectora Adjunta de Auditoría Interna y Gestión del Conocimiento. En defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la referida Subdirección.

•       Por la Ciudad Autónoma de Melilla:

-       El/La Jefe de los Servicios Jurídicos.

-       El letrado de los Servicios Jurídicos competente en Gestión Administrativa y Contencioso Administrativa.

El Presidente,

Eduardo de Castro González