BOME Nº 6419 del viernes, 2 de octubre de 2026

Expediente: 12932/2025

Expediente Administrativo: Expediente de reposición de la legalidad urbanística por aplicación del artículo 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Interesado: Dª FRANCISCA VALLEJO LÓPEZ.

Abogado: D. SALOMÓN SERFATY BITTAN.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al Procedimiento Ordinario nº 0000016 / 2026, en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del Tribunal de Instancia, Sección de lo Contencioso Administrativo, Plaza nº 1,  de Melilla, de fecha veintitrés de septiembre del presente, cuyo contenido es el siguiente:

"… / PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

• ADMITIR A TRÁMITE el Recurso Contencioso-Administrativo solicitado por la representación procesal de FRANCISCA VALLEJO LÓPEZ, contra la resolución dictada por CIUDAD AUTÓNOMA MELILLA – CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO, INNOVACIÓN TECNOLOGICA, TURISMO Y DE FOMENTO de fecha 22/07/2026, sobre REPOSICIÓN URBANÍSTICA, sin que afecte al resultado del expediente administrativo.
• El/la Procurador/a ISABEL HERRERA GÓMEZ, se persona en nombre y representación de la persona que solicita el recurso FRANCISCA VALLEJO LÓPEZ, en virtud de apoderamientos electrónico efectuado en la página de apoderamientos judiciales electrónicos del Ministerio de Justicia (REAJ), con número de referencia 7352893.
• Tramitar el presente recurso según las normas del procedimiento ordinario.
• Se requiere a CIUDAD AUTÓNOMA MELILLA para que envíe a este órgano judicial aquel/aquellos expediente/s administrativos a que se refiere el recurso, en el plazo improrrogable de VEINTE (20) DÍAS hábiles, de forma completa, en soporte electrónico, foliado, autentificado, y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. Al remitir el expediente, la Administración deberá identificar al órgano responsable del cumplimiento de la resolución judicial. Según lo dispuesto en el artículo 49 de la LJCA, la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se debe notificar en los CINCO (5) DÍAS hábiles siguientes a su adopción, a aquellas personas que aparezcan como interesados en dicho expediente, citándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de NUEVE (9) DÍAS hábiles. La notificación se ceñirá a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común. Hechas las notificaciones se incorporarán al expediente administrativo, y todo ello con la advertencia expresa contenida en el art. 48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el plazo concedido sin que haya sido remitido.
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.11 de la LJCA la Administración remitirá el expediente electrónicamente, utilizando, a tal efecto, los sistemas de interoperabilidad que resulten aplicables, al objeto de que el expediente administrativo en soporte electrónico así remitido quede automáticamente integrado en los sistemas de gestión procesal correspondientes.
• De acuerdo con el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos por si se dieran los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley Procesal.
• Solicitadas medidas cautelares, fórmese pieza separada, que se abrirá con los particulares necesarios, para acordar allí lo que proceda según lo dispuesto en los artículos 131 – 135 y de acuerdo con la LJCA.”

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el Art. 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, que disponen de nueve días para personarse en el Juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, a 29 de septiembre de 2026,

El Director General de la Vivienda, Patrimonio y Urbanismo,

José Luis Matías Estévez