BOME EXTRA Nº 39 del viernes, 16 de junio de 2023

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto de 15/06/2023, registrado al número 2023000777, en el Libro de Oficial de Decretos de la Presidencia ha decretado lo siguiente:

Visto Informe Jurídico emitido por la Secretaria Técnica de Presidencia y Administración Pública del tenor literal siguiente:

“ Vistos sendos escritos presentado por Dña. Nuria Fernández Compán, registrados respectivamente de entrada a los números 2023046885 de fecha 16 de mayo de 2023 y 2023035569 de fecha 18 de abril de 2023, en el que interpone recurso de alzada contra la orden 2023001070 de fecha 12-4-2023 solicitando dejar sin efecto la bolsa de trabajo del proceso selectivo de fecha 4 de diciembre de 2018 (BOME núm. 5605) , así como dejar sin efecto la orden 2023001070 de fecha 12-4-2023, y de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 31 de mayo de 2022 se procedió al nombramiento, y a la posterior toma de posesión de Dña. Nuria Esther Fernández Compán mediante Orden n°. 2022001821 de fecha 27-5-2022, en el puesto de Asesor Jurídico por periodo de un año, prorrogable hasta tres años, para la ejecución de un programa de Atención Integral a la Familia con motivo de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en la Consejería de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal. Este nombramiento tenía su fundamento jurídico en la Bolsa de Trabajo constituida y publicada tras el proceso selectivo de Técnico de la Administración General convocado mediante Orden n°. 2690 de fecha 10-9-2020 (BOME N°. 5790).

SEGUNDO.- Con fecha 13 de abril de 2023 mediante Orden n°. 2023001070 de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas se dispuso el nombramiento de Dña. Nuria Fernández Compán como funcionaria interina, en la categoría de Técnico de Administración General para la cobertura de la plaza F0430028 adscrita a la Dirección General de Servicios Sociales. Este nombramiento se formula por la constitución de bolsa de trabajo del proceso selectivo publicado en el BOME n°. 5605 de fecha 4-12-2018.

TERCERO.- El recurrente solicita dejar sin efecto la Orden registrada con n°. 2023001070 de fecha 12-4-2023, por ser contraria a derecho, adoleciendo del vicio de nulidad (Art. 47 apartados e) y f) de la LPACAP, así como dejar sin efecto la bolsa de trabajo del proceso selectivo de fecha 4 de diciembre de 2018 (BOME n°. 5605).

CUARTO.-  La recurrente así mismo, solicita la suspensión en virtud el artículo 117.2 3 y 4 de la Ley 39/2015 de fecha 1 de octubre, de PA, del recuso de Alzada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es competente para acordar la suspensión, el órgano a quien competa resolver el recurso administrativo interpuesto, esto es, el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla como órgano superior jerárquico de la Consejera de Presidencia y Administraciones Públicas que fue quien dictó la orden número 2023001070 de fecha 12-4-2023.

SEGUNDO.- En relación a la solicitud de suspensión, en tanto no se resuelva la petición formulada, el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:

"1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

·          Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

·          Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en e7 artículo 47.1 de esta Ley.

3.     La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.

4.     Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5.- Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó."

Por ello, en el presente caso, resulta pertinente proceder a la suspensión provisional de los nombramiento de Dña. Laura Garzón Hinojo y Dña. Nuria Fernández Compán hasta la resolución del recurso interpuesto, ya que es posible de seguir adelante, pudiera derivarse de dichos nombramientos responsabilidades administrativas, civiles.

a).- Administrativas: Nulidad de pleno derecho de los nombramientos conforme a los apartados e) y f) del artículo 47.1 de la Ley 39/2015 de PACAP, que dicen:

"47.1. los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:...

e)            Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f)              Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición".

En el supuesto de una posterior declaración de nulidad de pleno derecho de los nombramientos de unos funcionarios conllevaría el cese del mismo, dado que, según criterio jurisprudencial los efectos de la declaración de nulidad se retrotraen al momento de que se dictó el acto, por lo que desaparecen todas las consecuencias jurídicas. Y es como si el acto no hubiera existido nunca.

b).- Civiles: Devolución de cantidades indebidamente abonadas y en su caso la posible reparación de daños a terceros.

TERCERO.-Aparición de nuevos interesados.-

Por lo anteriormente indicado resulta que en la resolución del recurso presentado podrían verse afectados los derechos e intereses legítimos de terceros, por lo que procede comunicarle la tramitación de este procedimiento para que presenten alegaciones en el plazo de diez días, en base a lo dispuesto en los artículos 8 y 73.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a).- En su artículo 8 establece que " Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento ".

b).- Y respecto, al cumplimiento de trámites el apartado 1 del artículo 73 dispone que: " Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto ".

CONCLUSION

Por lo expuesto, la funcionaria que suscribe entiende, que procede:

1°.- Suspender provisionalmente los nombramientos de Dña. Laura Garzón Hinojo y Dña. Nuria Fernández Compán hasta la resolución del recurso de alzada presentado por Dña. Nuria Fernández Compán, concediéndole a todos los posibles interesados un plazo de diez días para que presenten alegaciones.

Este es mi parecer que someto a cualquier otro criterio mejor fundado en derecho, advirtiendo que la opinión jurídica recogida no suple en caso alguno a otros informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente se deban emitir para la válida adopción de la resolución del Recurso”

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 18191/2023, en virtud de las competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

Suspender provisionalmente los nombramientos de Dña. Laura Garzón Hinojo y Dña. Nuria Fernández Compán hasta la resolución del recurso de alzada presentado por Dña. Nuria Fernández Compán, concediéndole a todos los posibles interesados un plazo de diez días para que presenten alegaciones.  

Lo que se traslada para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla 15 de junio de 2023,

El Secretario Técnico de Medio Ambiente y Sostenibilidad,

Juan Luis Villaseca Villanueva